Las víctimas de la avalancha de la fiesta de Halloween del Madrid Arena, que provocó la muerte a cinco jóvenes, fueron trasladadas en brazos de gente desde el pasillo donde se produjo el siniestro hasta la enfermería, en un recorrido de 150 metros "abarrotado" de gente. "Esto es algo terrible, tremendo", han indicado dos de los abogados de las jóvenes víctimas de la tragedia tras una inspección ocular del recinto, en la que ha participado el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, que investiga el caso. También han asistido el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, la fiscal del juzgado, así como los abogados de todas las partes, acusaciones particulares, acusaciones populares y de Diviertt, la organizadora del evento, y de Kontrol 34.

Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, ha precisado que durante la inspección se ha medido el pasillo donde ocurrieron los hechos, que tiene tres metros de ancho por doce de largo, lo que lo convierte en "un auténtico túnel". Además, ha detallado Núñez, ha quedado claro que, de las nueve salidas existentes en el local, solo estaban abiertas tres y la grande de emergencia, ya que las demás estaban cerradas para vestuario, camerino o el escenario, de forma que "querían desalojar a 10.000 personas por tres salidas", lo que era "totalmente inviable".

En la visita también han comprobado la ubicación de la enfermería, que Núñez ha descrito como "un cuchitril", que es "una vergüenza" que tenga ese nombre, que está ubicada en un sótano y que no tiene ninguna ventilación.

Por su parte, Felipe Moreno, el letrado de la familia de Rocío Oña, ha destacado que, "curiosamente", de las ocho cámaras de seguridad que había en las salidas o vomitorios, la única que era una carcasa es justo donde sucedieron los hechos, mientras que el resto de las cámaras sí que funcionaban. Moreno ha considerado "sospechoso" que el día de los hechos todas las cámaras de todos los vomitorios funcionaran y únicamente hubiera una carcasa y no hubiera una cámara para grabar de imágenes en el vomitorio central de salida donde se produjo la avalancha.

Otro detalle destacado por el letrado es el lugar donde se encontraron los ocho discos duros con las grabaciones de las cámaras de seguridad, según Moreno, quien ha precisado que estos soportes se hallaron en la sala interior de grabación y no en un cuarto de control de electricidad y de incendios, como sostenía Madrid Espacios y Congresos.

Virginia López Negrete, letrada de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el proceso, ha apuntado que, durante la inspección, se han localizado las cámaras de seguridad y se han tomado fotografías para determinar por dónde entraron a la fiesta las 2.000 o 3.000 personas que estaban en los botellones junto al recinto. Ha resaltado la importancia de saber por dónde entraron esas 2.000 o 3.000 personas y si procedían del botellón o de la reventa de entradas porque "fueron las que accedieron directamente a la pista central y las que realmente produjeron, con la cantidad de gente que había, la avalancha".

Según los letrados, el juez dictará en los próximos días una diligencia para señalar qué personas van a declarar los días 15, 16, 21, 22 y 23 de enero, en calidad de imputados, como propuso el Ministerio Fiscal.

López Negrete ha dicho que espera que se impute al doctor Simón Viñals por su responsabilidad en este caso, al considerar que "no es normal que un médico que no puede ejercer se haga cargo de las 20.000 personas que había en el Madrid Arena, en un cuarto completamente alejado de la realidad de una enfermería". "Si hubiera habido un servicio médico en condiciones, a lo mejor se hubiera podido producir otro resultado", ha recalcado la abogada de Manos Limpias.

Esta organización ha presentado un escrito en el Juzgado para que se impute a los técnicos de Madrid Espacios y Congresos, José Ayuso y Francisco del Amo, y el relaciones públicas Jesús López Martínez. Manos Limpias ha pedido la imputación de los dos técnicos de Madrid Espacios y Congresos como máximos responsables de la empresa municipal en el evento y del relaciones públicas, por dar la orden de no identificar a los jóvenes que acudieron a la macrofiesta.