El Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley del Juego, que regula por primera vez todas las modalidades que se desarrollan a través de internet o de medios electrónicos como el ordenador o el teléfono móvil, y que prevé multas de hasta 50 millones de euros para quienes operen sin licencia.

El texto contempla además la creación de un impuesto, diferente para cada tipo de actividad, para las empresas que operan en este sector, y que se cargará sobre los ingresos brutos de cada compañía.

El tipo de gravamen oscilará, según la actividad, entre el 5% sobre la base imponible y el 22% que se aplicará a las apuestas deportivas mutuas (aquellas en las que un porcentaje de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes ganadores).

En cuanto a las sanciones económicas, están entre 100.000 euros para las leves hasta los 50 millones para las "muy graves", entre las que figura ofrecer juegos sin tener licencia para ello o manipular los sistemas técnicos que se hubieran homologado para obtener los premios.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló ayer que la nueva ley viene a regular "una realidad muy distinta a la que se conocía antes" y subrayó que el proyecto ha sido pactado con las comunidades autónomas, que tienen transferidas la mayoría de las competencias en materia de juego.

Además, Rubalcaba señaló que el Ejecutivo ha aprovechado el proyecto de Ley del Juego para introducir "una normativa básica" que confiera a la ONCE un marco "lo más estable posible", por lo que la organización "queda reforzada".

El texto, que iniciará a partir de ahora su tramitación parlamentaria, viene a cubrir un vacío que venía pidiendo el sector desde hacía tiempo. Hasta ahora, las únicas actividades normalizadas eran las del juego presencial, como casinos o bingos, que se rigen por normas autonómicas y pagan impuestos en cada región.

Además, la actividad de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE también están controladas por sendas normas que les otorgan ciertos privilegios, como la capacidad de explotar en exclusiva algunos juegos como la lotería.

Sin embargo, hasta el momento no existía una ley de carácter estatal que regulara el sector en su totalidad y tampoco había ninguna norma que contemplara la existencia de las empresas de apuestas por internet, a pesar de que este tipo de portales web llevan tiempo operando en España y tienen una importante influencia en otros sectores.

Cuando se apruebe la ley, estas casas de apuestas tendrán que tener una licencia para operar en España, como la de los casinos y bingos, y comenzarán a pagar impuestos, que irán a parar en su mayor parte a las comunidades autónomas.

Concretamente, fuentes del sector señalan que cada región recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuesten desde su territorio, cualesquiera que sea la página web en que se metan, siempre que tenga licencia para operar en España. Mientras, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.

Para evitar que las páginas de apuestas traten de burlar el pago de estos nuevos impuestos operando desde servidores instalados en otros países, el proyecto de ley del Gobierno contempla actuaciones para cortarles los ingresos a través de los intermediarios como los medios en que se anuncian, las entidades financieras a través de las que los jugadores pagan sus apuestas o incluso tratando con los propios operadores de telecomunicaciones.