El ministro de Educación, Ángel Gobierno, anunció que concederá a los grupos de la oposición un plazo de 15 días para que analicen "minuciosamente" el texto final de propuestas para el pacto educativo y fijen sus posiciones definitivas sobre el acuerdo. "Hemos hecho un proceso de casi un año de duración, de debate y reflexión sobre las ventajas y los problemas del pacto, diagnosticando la situación educativa del país; así que el proceso ya es fructífero, con independencia de los resultados a los que se llegue", explicó en declaraciones a los medios, antes de reunirse con los representantes del Consejo Escolar del Estado.

En concreto, el nuevo texto, hecho a partir de 121 documentos que la clase política y los agentes sociales remitieron al Gobierno, está enfocado en doce objetivos que se concretan 148 acciones comprometidas con una memoria económica para los próximos tres años. A juicio del ministro, son medidas "realistas y viables que abordan las dificultades del sistema educativo".

"No somos eufóricos, pero confiamos expresamente en todos nuestros interlocutores. Sabemos que no es la panacea del sistema de enseñanza, pero alcanzar el pacto es un paso muy importante para la educación de nuestro país", subrayó. En este sentido, Gabilondo reiteró que "ningún partido político verá su programa político reflejado en el texto". "No obstante, pensamos que es compatible con las posiciones de los partidos porque es una demanda de la sociedad; una petición explícita del Presidente del Gobierno y una demanda del propio sistema educativo", matizó.

Pide a los políticos que estén “a la altura” 

Asimismo, aseguró que todo este proceso se hace pensando sobre todo en los nueve millones de estudiantes, en los 800.000 profesores y fundamentalmente en el futuro educativo de España. Así, pidió "generosidad" para dejar de lado debates paralelos "sobre las autonomías, competencias y transferencias" y para estar "a la altura del momento".

Gabilondo presentará el nuevo documento a lo largo del día a los miembros del Consejo Escolar, consejeros autonómicos, sindicatos integrantes de la Mesa de Diálogo Social y portavoces de Educación de los grupos del Congreso, en busca de los apoyos necesarios para impulsar un proceso de reforma del sistema de enseñanza en cuya "necesidad" coincide tanto la clase política como la comunidad educativa. Tras estos encuentros se resolverá si culmina el pacto de Estado firme que persigue la administración o se queda sólo en un acuerdo de medidas en favor de la Educación. 

Defensa del español

Uno de los puntos del documento presentado por el ministro se refiere a la competencia lingüística. Así, la propuesta recuerda que la Constitución consigna "el especial respeto y protección del patrimonio cultural que representan las distintas modalidades lingüísticas de España" pero insiste en que la lengua española es oficial en el conjunto del Estado. Por ello, dice el documento, "los poderes públicos deben poner los medios necesarios para que, al finalizar la educación secundaria obligatoria, todo el alumnado comprenda y se exprese con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma".