Raquel Rendón

Las desapariciones de recién nacidos en maternidades, casas cuna y hospitales desde mediados del siglo XX han dejado un reguero de víctimas que ahora, amparadas por la visibilidad mediática de los casos y su irrupción en los juzgados, tratan de destapar la posible existencia de mafias de compraventa de bebés en territorio nacional. El "modus operandi" era similar en el grueso de los casos: la madre daba a luz, le decían que su hijo había fallecido y que el centro sanitario se haría cargo del entierro. A los padres que solicitaron ver los cadáveres les mostraron el de un niño que no era su hijo; otras veces, una maraña de harapos; y en las más, les negaron verlo con el pretexto de no herir su sensibilidad. 

Decenas de médicos, matronas y religiosas, con la inestimable ayuda de algunos responsables de instituciones de renombre, se conchabaron para poner en marcha el negocio. El resultado: miles de padres que buscan a sus hijos, cientos de hijos que buscan a sus padres. Otros muchos no saben que fueron robados porque los inscribieron como hijos biológicos.

Para esclarecer qué ocurrió es vital que los asuntos prosperen en los juzgados. En Madrid, la religiosa María Gómez Valbuena fue citada a declarar el 18 de enero tras la denuncia de Purificación Betegón, en la que la mujer delataba su participación en el supuesto robo de sus dos gemelas, nacidas en la clínica Santa Cristina en 1981. Era el segundo caso de sustracción de neonato por el que estaba imputada sor María, pero alegó problemas de salud para no comparecer ante e juez. El 24 de enero trascendía la noticia de su fallecimiento -que se produjo dos días antes- y dinamitaba la esperanza de las víctimas. Los afectados piden ahora que se investigue si, en efecto, ha perdido la vida o si no es más que una argucia para proteger a la monja.

El de Huelva es un caso singular. Hasta 17 imputados por robos de recién nacidos se contabilizaron en 2012. Pero en la provincia con más procesados de España los asuntos no avanzarán. La Audiencia Provincial considera desde noviembre que no existe delito de detención ilegal en sus casos y que, por tanto, los hechos han prescrito. Es decir, que los 80 casos onubenses que están en los juzgados han sido condenados al archivo. El agravio comparativo es doloroso para las víctimas, ya que serán los únicos españoles que no podrán beneficiarse en profundidad de la circular distribuida por la Fiscalía General del Estado el 26 de diciembre, un texto en el que ordena a las fiscalías provinciales que califiquen la sustracción de bebés como un delito de detención ilegal que no caduca y cuyo tiempo no empieza a contar hasta que la víctima tiene conocimiento de que es un niño robado y halla sus orígenes. 

En la desazón, un soplo de esperanza arribó a Huelva el 3 de diciembre, cuando Enrique Olivert, adoptado residente en Matalascañas, había encontrado a su familia biológica en Bilbao. El ADN hizo posible el milagro. Su madre lo buscaba desde hace 47 años, cuando se lo arrebataron las monjas en una maternidad vasca.