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Sociedad

Evaluar, asegurarse y decidir

  • Las ONG valoran los riesgos de su misión y avisan a sus cooperantes de los daños que pueden sufrir, pero la determinación de asumirlos es de cada profesional

Ante los últimos secuestro de cooperantes españoles, muchos se plantean las circunstancias que envuelven el trabajo de estas personas, especialmente en la zonas del mundo donde objetivamente su integridad física corre un alto riesgo. Las ONG evalúan los riesgos de su misión humanitaria y aseguran a sus cooperantes ante los daños físicos y psíquicos que puedan sufrir mientras desarrollan su trabajo en cualquier país del mundo, pero la decisión de asumirlos queda en última instancia en manos de cada profesional.

Cada organización protege a sus cooperantes y a los voluntarios solidarios con un seguro, que puede ser el que ofrece el Gobierno, algunas comunidades autónomas o contratar el que consideren más adecuado, teniendo en cuenta la labor que realiza en ese país, según varias ONG.

La mitad de los cooperantes tienen cobertura del seguro colectivo de previsión social, financiado por el Gobierno y las principales ONG, al que se pueden acoger de forma voluntaria. En España hay en torno a 1.500 cooperantes trabajando en el mundo, profesionales que el Estatuto del Cooperante define como "aquellas personas físicas que participan en la ejecución, sobre el terreno, de un determinado instrumento de cooperación internacional para el desarrollo o de ayuda humanitaria".

La mayoría de estos seguros cubren los siniestros o incidencias ocurridas durante el desarrollo de su trabajo en el extranjero e indemnizan en caso de incapacidad permanente, gran invalidez, fallecimiento o daños físicos y psíquicos, ocasionados por un accidente, ataque o secuestro.

Sobre el terreno, las organizaciones evalúan continuamente el grado de peligrosidad al que están sometidos en sus labores humanitarias. "Desarrollamos coberturas de riesgo, al final del día hacemos un balance de análisis de riesgo al que estamos expuestos y si éste es aceptable, en función de lo vital que pueda ser la acción que estamos desarrollando en un momento específico", explicó el director de operaciones de Médicos sin Fronteras (MSF), Joan Tubau.

Para las ONG del ámbito sanitario, son distintos los criterios que utilizan para realizar la valoración del peligro que corren sus cooperantes porque "suele determinarse de acuerdo con el impacto de la asistencia" que están prestando muchas veces en países donde hay conflictos armados.

"La decisión sobre ese riesgo puede ser diferente si lo que vamos a hacer es una entrega de material de salud primaria o si es para un anestesista que está atendiendo a víctimas de un enfrentamiento armado", aseguró el responsable de MSF.

No obstante, una vez determinada el grado de peligrosidad, "corresponde a cada uno, de forma particular, asumirlo o no". "Evidentemente las embajadas son una fuente de información y por tanto las recomendaciones que hacen tiene una fiabilidad que tenemos muy en consideración a la hora de decidir cómo modificar los mecanismos de seguridad", señaló.

Esta organización ha vivido situaciones de secuestro, la más reciente en Somalia donde fueron retenidas durante una semana dos de sus trabajadoras, Mercedes García y Pilar Bauza, liberadas en enero de 2008. "Nosotros no consideramos el pago de un rescate, no entra dentro de la gestión de la seguridad de nuestro personal", dijo Tubau, porque opina que "pagar significa crear un precedente por el que nuestras operaciones nunca volverían a ser las mismas".

Para el responsable de operaciones de MSF, la clave de la liberación está en la interlocución. "Nos esforzamos a diestro y siniestro en el día a día de la acción, en la interlocución con las sociedades para las que trabajamos, con nuestros pacientes, con los diferentes grupos políticos y académicos, con las sociedades y con los actores armados implantados en las zonas donde trabajamos, les reiteramos la mentalidad de nuestra acción y su naturaleza humanitaria", señaló.

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