La Policía Nacional ha desmantelado, con la detención de diecisiete personas, un "chiringuito financiero" que estafó cerca de ocho millones de euros a más de mil personas, ha informado hoy la Dirección General de este cuerpo. 

La trama utilizaba un nombre corporativo que inducía a creer que contaban con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando no era así. 

Sus integrantes ofrecían presuntamente asesoramiento financiero a sus víctimas para que adquiriesen productos de este tipo por sí mismos, y por ello les cobraba una elevada comisión que no se llegaba a compensar las ganancias obtenidas. 

Entre los diecisiete arrestados están los cuatro máximos dirigentes del entramado y los responsables de contactar con las víctimas y ofrecerles los servicios financieros. 

La oficina desde la que se realizaban los fraudes estaba en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, aunque cambiaban periódicamente de ubicación para evitar ser detectados. 

Las pesquisas comenzaron a finales del pasado mes de marzo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo criminal se dedicaba a la comisión masiva de fraudes en el ámbito de las inversiones. 

Realizaban, bajo la apariencia de inversiones en productos financieros o mercados bursátiles, los conocidos como fraudes tipo "boiler room" o "chiringuito financiero". 

La investigación comenzó por una denuncia de un ciudadano español al que supuestamente habían estafado 50.000 euros, a la que siguió otra en la que otro ciudadano español hablaba de un fraude de 63.000 euros. 

Una vez captada una víctima y conseguida su confianza, los ahora detenidos mantenían con ella un contacto telefónico "continuo y agresivo" con la finalidad que realizara nuevas inversiones. 

Persuadían a los clientes para que invirtiesen en un fondo de inversión común que iba a generar cuantiosos beneficios y por el que debían realizar una transferencia de hasta 25.000 euros, pero una vez hecha les decían que esa cantidad era en concepto de honorarios. 

Los miembros del grupo criminal obligaban a las víctimas a abrir una cuenta en la entidad financiera con la que operaban, con la finalidad de que las transferencias fuesen efectivas desde el momento en que se efectuaban y no se pudiesen paralizar. 

En el registro del "cuartel general" del grupo los agentes se incautaron de documentación para la ejecución del fraude y seis ordenadores.