El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha inclinado a favor de una prórroga de la operatividad de la central nuclear de Garoña (Burgos), pero de que ésta sea limitada, según fuentes próximas a las deliberaciones. Los cinco consejeros del CSN (dos a propuesta del PSOE, dos a la del PP y uno a la de CiU) han concluido el informe definitivo sobre la prórroga de diez años solicitada por el titular de la instalación nuclear, y lo han registrado en el Ministerio de Industria.

Sin embargo, la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, no entregará en mano el informe al ministro de Industria, Miguel Sebastián, hasta el próximo lunes, y a continuación comparecerá ante los medios de comunicación, junto al resto de consejeros, para presentar el sentido, el contenido y los detalles del dictamen.

La prórroga "limitada" del funcionamiento de la central burgalesa podría seguir un esquema similar al de la central José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), que cerró en 2006. El dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear sólo hubiera sido vinculante para el Gobierno si se hubiera pronunciado a favor de su cierre definitivo, por lo que la decisión final sobre la continuidad o la clausura de la central de Garoña corresponde ahora al Consejo de Ministros.

Dentro del Gobierno y de las filas socialistas no existe una posición unánime a favor o en contra de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares que están actualmente operativas en España. Tras la reunión del Consejo de Ministros, que estuvo casi monográficamente dedicada a aprobar medidas de carácter medioambiental, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha explicado que el gabinete no había analizado el futuro de Garoña y ha asegurado que el Ejecutivo no se pronunciará hasta conocer el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Espinosa ha defendido que ese informe sea "lo más aséptico posible y sin interferencias de nadie", y ha negado que las elecciones europeas del próximo domingo estén condicionando al Gobierno a la hora de pronunciarse, de posponer o no su opinión, y de tomar una decisión.

La central nuclear de Garoña, en funcionamiento desde 1970, tiene autorización para funcionar hasta el próximo 5 de julio. La empresa titular de la central nuclear (Nuclenor) presentó el 3 de julio de 2006 la solicitud de renovación del permiso de explotación para otros diez años. Tras conocerse el sentido del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear han comenzado a sucederse algunas reacciones; entre ellas, la del diputado del PNV por Álava Emilio Olabarría, quien se ha mostrado convencido de que "la única manera de garantizar al cien por cien que la central no suponga un riesgo para las personas es cerrándola". Olabarría considera que la de Garoña "está obsoleta, tiene problemas técnicos y supone un riesgo demostrado para la salud de las personas y los ecosistemas de la zona". Sin embargo, el diputado nacionalista mantiene que se debe separar el cierre de Garoña del debate general sobre el futuro de la energía nuclear, y ha lamentado -en una nota de prensa- que el Gobierno haya cerrado "insensatamente" el debate sobre este tipo de energía "cuando los países más avanzados de Europa están analizando esta cuestión".

Las principales organizaciones ecologistas han reivindicado, durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, un futuro sin nucleares y han unido sus voces para pedirle al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "cierre Garoña ya". La organización Ecologistas en Acción ha criticado que el CSN haya optado por no hacer público el contenido del informe hasta el próximo lunes, y ha considerado que se trata de un acto "de ocultismo" y "de falta de respeto democrático". Según este colectivo, la publicación de ese informe el lunes se hará "tres días después del plazo legal", lo que a su juicio es una nueva demostración "de la falta de transparencia y de sentido democrático" de este organismo.