La ley que castigará penalmente a quienes acosen a las mujeres que acuden a una clínica para una interrupción voluntaria del embarazo perseguirá también el acoso a los sanitarios y directivos de estos centros y al personal de la sanidad pública que interviene en abortos.

Así lo ha acordado la mayoría de los grupos parlamentarios en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, que ha cerrado este miércoles el dictamen de la proposición de ley presentada por el PSOE para proteger a las mujeres que abortan, la diputada socialista Laura Berja, portavoz de Igualdad de su grupo parlamentario.

La iniciativa original planteaba incluir un nuevo artículo en el Código Penal (el 172 quater) para castigar a quienes se concentran a las puertas de las clínicas abortivas y hostigan y coartan la libertad de las mujeres con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

En la ponencia se ha acordado una enmienda transaccional del PSOE y Unidas Podemos con aportaciones del PNV y de ERC y el apoyo de Ciudadanos que deja más nítido el tipo penal y amplía las personas protegidas, ha explicado Berja.

El sujeto de derecho no solo serán las mujeres, sino también el personal de las clínicas, tanto facultativos como directivos.

A propuesta de ERC se incluirá también a los trabajadores de la sanidad pública que realizan interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos y, a iniciativa del PNV, el acoso se perseguirá sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer para que se inicie el procedimiento.

El dictamen será aprobado previsiblemente la próxima semana por la Comisión de Justicia y podrá llegar al pleno del Congreso ya en enero de 2020.