Por enchufar a una empleada

Condenados el ex senador del PP Sebastián Ruiz y el edil de Arcos Manuel Erdozaín

  • También han sido condenados el ex delegado de Personal del Consistorio arcense, Carlos de la Barrera, y el antiguo interventor, Antonio Muñoz

  • La Audiencia de Cádiz ha impuesto a cada uno de ellos las penas de dos años de prisión y once años y medio de inhabilitación por los delitos de cohecho y prevaricación

Ruiz (dcha.), junto al ex alcalde José Luis Núñez (PP) y su ex socio de gobierno de AI-Pro, Manuel Erdozaín (en el centro). Ruiz (dcha.), junto al ex alcalde José Luis Núñez (PP) y su ex socio de gobierno de AI-Pro, Manuel Erdozaín (en el centro).

Ruiz (dcha.), junto al ex alcalde José Luis Núñez (PP) y su ex socio de gobierno de AI-Pro, Manuel Erdozaín (en el centro). / Ramón Aguilar

La Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez ha condenado al ex senador del PP Sebastián Ruiz, al concejal de Arcos por AI-Pro y número 2 de esta formación en las pasadas elecciones Manuel Erdozaín, al ex delegado de Personal y Hacienda del Ayuntamiento arcense Carlos de la Barrera (PP) y al antiguo interventor Antonio Muñoz por trazar un plan para enchufar precisamente a la hija de Antonio Muñoz a cambio de que éste modificase, de manera legal, unos informes de reparo y dar así luz verde a la ejecución de distintas obras en el municipio serrano pese a la “grave” situación económica de las arcas municipales.

El tribunal de la Sección Octava ha impuesto a cada uno de los implicados las penas dos años de prisión y once años y medio de inhabilitación por cohecho y prevaricación. El tribunal jerezano los considera a todos autores del primer delito. Respecto al segundo delito, De la Barrera es, según la sentencia, autor y el resto, cooperadores necesarios.

La resolución judicial, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, especifica que la inhabilitación implica que ni Ruiz, ni Erdozaín, ni De la Barrera podrán ejercer el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro puesto de naturaleza electiva, tanto de ámbito local como autonómico, estatal o europeo.

Por lo tanto, dicha inhabilitación afecta, sobre todo, al Manuel Erdozaín, que actualmente es concejal en la oposición por AI-Pro. Aunque en los pasados comicios locales Erdozaín ocupó el puesto número 2 de la lista en esta formación política independiente, lo cierto es que es el cabeza visible y líder del partido desde hace años en Arcos.

La hija del interventor fue contratada como auxiliar administrativo cuando era peluquera

De otra parte, Antonio Muñoz está inhabilitado, en primera instancia, para el cargo de interventor así como para cualquier otro puesto de la Administración Local o Central. 

El fiscal Anticorrupción pedía cinco años de prisión para el ex senador Sebastián Ruiz y  para Erdozaín mientras que para Muñoz y De la Barrera solicitaba cuatro años de cárcel. 

Este caso surgió a partir de una denuncia de un trabajador municipal del Ayuntamiento de Arcos ante la Fiscalía Anticorrupción. Además, dicho empleado denunció irregularidades en vales para el gasoil y el destino de la leña municipal.

Hechos probados

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Lourdes Marín, da por acreditado que en el año 2014 Antonio Muñoz, entonces interventor accidental del Consistorio de Arcos, emitió un documento en el que informaba negativamente de todas las nuevas adjudicaciones de obras e inversiones “por lo grave de la situación económica del Ayuntamiento debido a los problemas de liquidez que obligaban a cumplir los planes de ajuste previstos”.

Dicho informe destacaba que “al haberse liquidado el presupuesto municipal del ejercicio 2013 con remanente de Tesorería negativo (en concreto, de -9.900.519,55 euros), se debía proceder a la reducción de los gastos”.

Ante el problema que les planteaba esta política de restricción del gasto municipal, Manuel Erdozaín y Sebastián Ruiz, a la fecha de los hechos delegados de Urbanismo y de Infraestructuras, respectivamente, “decidieron ofrecer al interventor la contratación de su hija a cambio de que modificase el sentido del referido informe sobre la ejecución de obras”. En el “diseño de este plan” también participó Carlos de la Barrera, concejal de Hacienda y Personal.

Así, los tres miembros de la corporación arcense propusieron al interventor la contratación de su hija en el Centro Ocupacional Juan Candil, aprovechando que la directora de dicho centro había manifestado en varias ocasiones a la delegada del Mayor, Juana María Morales, que necesitaba a una persona como monitora que tuviese conocimientos, cualificación y experiencia en la asistencia a disminuidos psíquicos y físicos.

La hija del interventor, sin embargo, no cumplía con esos requisitos, pues sus conocimientos eran de peluquería y, pese a ello, fue contratada en el centro Juan Candil como “auxiliar administrativo” desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 2 de junio de 2015. Durante ese tiempo percibió 12.755,15 euros, una cantidad que los ahora condenados deben devolver, según estable la sentencia.

Esta contratación tuvo como canje la emisión de un informe del interventor favorable a la ejecución de distintas obras en Arcos. Para lograrlo, Erdozaín, Ruiz, De la Barrera y Muñoz realizaron “una depuración de ingresos y gastos por la que se cancelaban por prescripción los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago desde 1991 hasta 2001”.

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