Los antiguos colegios de Marina -los centros de Infantil y Primaria Vicente Tofiño, Juan Díaz de Solís y Cecilio Pujazón, así como la escuela de Educación Infantil Nuestra Señora del Carmen y el IES Wenceslao Benítez- se ha convertido en el principal problema que presenta la ciudad en materia educativa. Casi ocho años después de su transferencia a la Junta de Andalucía, su mantenimiento sigue en el aire. Ni la Consejería de Educación ni el Ayuntamiento admiten que sea su competencia, lo que ha dejado a estos colegios literalmente en tierra de nadie.

Ahora, los cinco centros han recibido el aviso de interrupción del suministro por el continuado impago de los recibos del agua. La deuda asciende en conjunto a la cuantiosa cifra de 150.000 euros. Tendrán que abonarla antes del próximo día 21. La situación, como ya ocurriera en el pasado verano con el corte de luz por impago de los colegios Virgen del Carmen y Cecilio Pujazón o con las filtraciones de aguas fecales que ha sufrido el patio del Tofiño durante el otoño, no ha hecho sino volver a poner en evidencia la necesidad de solventar el problema que afecta a estos colegios, algo que por otro lado los padres -las comunidades educativas- llevan años reclamando con insistencia.

La Junta ha dejado entrever que se hará cargo de las facturas pendientes para evitar que cinco colegios se queden sin agua, aunque al mismo tiempo ha señalado que es competencia del Ayuntamiento. Y el Gobierno municipal del PP ha mostrado su "indignación" por la situación de abandono en la que, a su juicio, la Administración andaluza tiene a estos cinco centros educativos.

Sin embargo, la cuestión de a quién corresponde realmente el mantenimiento de estos colegios sigue sin aclararse. El convenio que en julio de 2007 suscribieron el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación para la transferencia de colegios -fueron, en toda Andalucía, cuatro institutos de Secundaria y once centros de Infantil y Primaria- regulaba la cesión de uso de instalaciones y equipos por 75 años. Y, aunque dejaba en manos de la Junta de Andalucía, "la gestión y mantenimiento", el texto del acuerdo era demasiado genérico, lo que ha dado pie a esta confusión.

Así, en las cláusulas relativas a la financiación de estos centros, se establece en primer lugar que "la Junta de andalucía asumirá los gastos de funcionamiento de los centros docentes objeto de este convenio -el firmado en julio de 2007- a partir de la fecha de su entrada en vigor". Sin embargo, también añade que "cualquier tipo de gastos, tributos, impuestos y tasas que se deriven del uso, mantenimiento y conservación de las instalaciones, así como las obras de reparaciones ordinarias o extraordinarias que fueren necesarias en los mismos, serán satisfechos por la Junta de Andalucía y, en su caso, por las Corporaciones Locales". El texto deja bien claro que esos gastos de mantenimiento no podrán achacarse al Ministerio de Defensa, pero no si estos corresponden a la Junta o a los ayuntamientos, que por otro lado no participaron ni estuvieron presentes en estos acuerdos.

El PSOE ha recordado que La Isla es el único municipio en el que esta transferencia ha traído consigo problemas. En Cádiz o en El Puerto -recuerda- las Administraciones locales han asumido su mantenimiento sin problemas, si bien también es cierto que en San Fernando se asientan cuatro de los once centros de Primaria transferidos y uno de los cuatro institutos de Secundaria, una circunstancia que debería haber sido objeto de una atención especial hace ocho años, lo que podría haber evitado el problema actual.