Un total de 222 trabajadores sanitarios del hospital de San Carlos ya tiene la condición de personal estatutario fijo, lo que equipara sus condiciones laborales y económicas al sector público. Esta conversión, ansiada por la plantilla de las instalaciones médicas de San Fernando, que venía reclamando este proceso desde hace años para cumplir con la normativa existente, era uno de los requisitos indispensables para que se produzca la transferencia de San Carlos de manos del Ministerio de Defensa al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Ayer, la integración de estos profesionales como personal estatutario de los servicios sanitarios se hacía firme con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la relación definitiva de admitidos.

El responsable del comité de personal laboral de Defensa en la provincia, Alberto Pablos, calificó este paso dado de positivo para el proceso de transferencia en el que vive el hospital, a pesar de producirse tarde. Efectivamente, la plantilla de San Carlos era la única de los hospitales de Defensa que aún no había visto reconocido este derecho.

De cualquier manera, Pablos lamentó la forma de actuar del Ministerio, guiada por una falta de comunicación total con el comité. "Me han llamado de la subsecretaría de Personal para comunicarme la publicación, que yo ya había visto. En el hospital se conocía desde hace unos días que la fecha del anuncio en el BOE sería hoy", añade. Igualmente, el responsable sindicales advierte de que algunos trabajadores pueden ver afectados sus derechos al no haber atendido Defensa las excepciones que se le pidieron. Son una veintena de profesionales que están desde principios de año inmersos en un concurso de traslado. "Están con opciones, pero si se hacen estatutarios pierden ese derecho de traslado. Ahora supongo que tendrán que presentar recurso", detalla.

La otra pega que la representación sindical pone al proceso se centra, como ya han denunciado constantemente, en que se haya dejado fuera al personal no sanitario. Pasarán, apunta, como personal laboral al SAS, que solo tiene personal estatutario, por lo que surgen dudas sobre qué va a pasar con estas personas.

Cumplida ya esta condición necesaria para la transferencia, el proceso se enfrenta a otras cuestiones burocráticas para que, como se firmó con la prórroga del protocolo para la cesión, sea una realidad antes del 1 de octubre. A ello se refería ayer el alcalde de San Fernando, José Loaiza, que criticó la actitud de la Junta de Andalucía en la negociación que continúa abierta. "Defensa lleva esperando un tiempo que la Junta nombre los interlocutores necesarios para la comisión técnica que debe convocarse", se quejó al considerar, además, que desde la Administración regional se estaba "retrasando a conciencia" la cesión. No hace falta, prosiguió, apurar hasta la fecha del 1 de octubre, la cesión podría producirse antes de esa fecha. "Lo que pasa es que la Junta no quiere gastar los 11 millones que dijo que iba a invertir este año. No los tendrá y lo dejará ya para el próximo año o cerca de las elecciones", ironizó.

Por su parte el PSOE local remitió ayer un comunicado en el que celebraba este nuevo avance en el proceso de traspaso. Para su portavoz, Patricia Cavada, supone "la confirmación de que el proceso marcha en tiempo y forma", según la prórroga acordada entre las partes. "Ya dijimos que iba a servir para que ambas administraciones cerrasen los detalles sobre las cantidades, conceptos y metodología para su traspaso definitivo al sistema sanitario público andaluz, y también para formalizar la transferencia del personal", comentó la dirigente socialista.

La responsable socialista apuntaba que en los últimos meses se ha producido un incremento del 20% en las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria -con más de 50 intervenciones al día- "dando así la posibilidad a que las camas de ingreso puedan ser ocupadas por primera vez por pacientes civiles". Sin embargo, el regidor isleño consideraba "mentira" ese uso "que se ha vendido". "Estarán a disposición, pero no se han utilizado", dejó claro.