El Ayuntamiento isleño intenta sobrellevar con la mayor normalidad posible la complicada y tensa situación que se ha creado tras el auto judicial que implica de lleno a la tesorera y al interventor en la causa penal del robo de la caja.

A los dos funcionarios de mayor rango y responsabilidad en materia económica que existen en el Consistorio se les imputa en el proceso sendos delitos de malversación de caudales públicos después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, la jueza Miriam Solano, haya considerado que "colaboraron activamente y de forma consciente" en el desfalco de las arcas municipales al "omitir dolosamente" sus funciones más elementales.

"Estos funcionarios me respondieron con responsabilidad", dijo ayer Loaiza (PP)

No es que al equipo de gobierno la decisión de la jueza le haya pillado por sorpresa. Desde 2015 se señala a ambos funcionarios como investigados en las diligencias previas, lo que se confirmó -tras el recurso de la Fiscalía- el pasado mes de septiembre. Y recientemente, en enero, ambos tuvieron que acudir al Juzgado a prestar declaración.

Sin embargo, la contundencia de los argumentos expuestos en el auto con el que se cierra la instrucción de la causa ha impactado en el Ayuntamiento, que ahora además -como acusación particular- tendrá que decidir qué hace con respecto a ambos funcionarios en el siguiente paso del proceso: el escrito de calificaciones.

Diez días de plazo tiene el Consistorio para formular la acusación solicitando la apertura de juicio oral o para pedir -si así lo estima oportuno- el sobreseimiento de la causa. Es decir, para decidir si asume el criterio de la jueza que relaciona al interventor y a la tesorera con la comisión de un delito de malversación de caudales públicos doloso o si, por el contrario, como advertía la Fiscalía en 2015 al recurrir el auto que los señalaba por primera vez como investigados, considera que no hay indicios probados de que los dos funcionarios participaran activamente del robo de la caja y que su responsabilidad, en realidad, no va más allá de una actitud negligente que ya ha sido juzgada por el Tribunal de Cuentas.

Para el equipo de gobierno, esta decisión que afecta a dos de los funcionarios de mayor rango del Ayuntamiento -con los que trabaja a diario y que, además, en ningún momento desde que se conociera el robo han dejado de prestar sus funciones- supone una auténtica patata caliente. Ayer, el concejal de Presidencia, el socialista Conrado Rodríguez, evitó dar pistas acerca del sentido de esta decisión que ahora le toca adoptar al Ayuntamiento. "Sería prematuro e imprudente. Ni siquiera hemos tenido todavía notificación oficial del auto", advirtió.

No sería, desde luego, la primera vez que el robo de la caja pone en una tesitura parecida al Consistorio. Ya pasó durante el proceso contable que dirimió el Tribunal de Cuentas y cuya sentencia se confirmó el pasado mes de diciembre. En ese momento, no solo la tesorera y el interventor actual sino también su predecesor en el cargo -ya jubilado- y los alcaldes que gobernaron durante el periodo en el que se produjo el desfalco fueron incluidos en la demanda que interpuso el Ayuntamiento. Y todos ellos han sido condenados como responsables subsidiarios a pagar cantidades que oscilan desde los 29.250 a los 67.450.72 euros. Ayer, de hecho, el ex alcalde José Loaiza (PP) -que fue al que le tocó afrontar esta decisión- lo recordó también al pronunciarse con respecto al reciente auto judicial. Claro que una cosa es pedir responsabilidades subsidiarias por lo ocurrido y otra muy distinta es implicar a dos funcionarios clave en una causa penal acusados de un delito de malversación de caudales públicos.

Desde el gobierno municipal, no obstante, se aplaudió el cierre de la instrucción tras casi ocho años de diligencias previas, lo que se interpretó como un avance decisivo en la resolución definitiva del siempre espinoso tema de la caja, una herida que el Ayuntamiento todavía tiene abierta.

El concejal de Presidencia recordó que desde el equipo de gobierno se había pedido en fechas recientes al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que agilizara la marcha de este proceso, lo que ha contribuido también a impulsar el proceso.

Ha sido inevitable que nuevamente, a raíz del auto judicial, se plantee el debate en torno a la adopción de medidas disciplinarias con respecto al interventor y la tesorera. Rodríguez, en este sentido, aclaró que nada puede hacer el Ayuntamiento por apartar a ambos funcionarios -algo que en realidad tampoco se ha llegado a plantear- ya que se trata de habilitados nacionales que dependen del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. "Tampoco corresponde la posibilidad de iniciar un expediente administrativo al estar en trámite la vía judicial", añadió este edil.

A la presunción de inocencia aludió también el ex alcalde y actual portavoz del PP isleño, José Loaiza, que defendió al interventor y a la tesorera. "He tenido a esos dos funcionarios cuatro años como alcalde y me respondieron con responsabilidad", advirtió.