Ocho años exactos se cumplieron ayer de la inesperada detención de los dos funcionarios que estaban al frente de la caja de efectivo que existía en las oficinas municipales de Hacienda de la avenida San Juan Bosco -Clemente Ruiz y María José Lebrero- y que luego se relacionaron con la desaparición de una cifra que todavía hoy escandaliza: 7,8 millones de euros. La caja, según pudo saberse en las semanas siguientes, había sido sistemáticamente saqueada durante algo más de cinco años sin que nadie se diera cuenta de nada.

El robo acaba de cumplir ocho años y sigue todavía a la espera de que se señale la fecha del juicio. Ahora bien, a este nuevo aniversario del desfalco de las arcas municipales se llega tras una instrucción excesivamente larga -roza los 3.000 días- pero con importantes novedades que han dado un nuevo giro al caso en las últimas semanas y que apuntan ya a la recta final de una causa que ha sacudido a La Isla y, de manera especial, a su Ayuntamiento durante los tres últimos mandatos.

El auto dictado el pasado 1 de marzo -Miércoles de Ceniza- con el que la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número dos de San Fernando, Miriam Solano, cierra las diligencias previas para continuar con el proceso ha sido el paso más importante que se ha dado en varios años. Eso sí, el desfalco ha terminado por implicar de lleno a la tesorera y al interventor del Ayuntamiento, de los que se llega a decir en el auto judicial que colaboraron de forma "activa y consciente" al "omitir dolosamente" sus funciones más elementales de control. Por ello, la jueza les relaciona con un delito de malversación de caudales públicos.

El auto señala también a los dos cajeros, a la esposa y a la suegra de Clemente -que sigue siendo el principal sospechoso de la desaparición del dinero de las oficinas de Hacienda- y a los únicos dos marroquíes del clan familiar a los que se ha conseguido tomar declaración y que se relacionan también con una trama de blanqueo. Aunque, sin duda alguna, es la implicación de los dos funcionarios de mayor rango en materia económica que tiene el Ayuntamiento la noticia que más revuelo ha ocasionado -por lo inesperado- y la que ha vuelto a complicar la situación en el Consistorio.

El gobierno municipal, de hecho, tiene entre manos una auténtica patata caliente ahora que debe formalizar la acusación para continuar con las siguientes fases del proceso. De momento, no se ha pronunciado al respecto y tanto la tesorera como el interventor continúan trabajando en el Ayuntamiento a la espera también de que este proceso, que desde el primer momento les ha afectado de lleno, dé sus próximos pasos. Cabe recordar que, paradójicamente, fueron ambos los que el 1 de abril de 2009 denunciaron la desaparición de unos 480.000 euros -inicialmente se hablaba de esta cantidad- de la caja de efectivo, lo que condujo a la detención de Clemente y María José Lebrero.

Recientemente, el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, informó de que se había decidido recurrir a los servicios jurídicos de la Diputación Provincial para defender los intereses municipales en la causa, siguiendo la fórmula que ya se empleó en el procedimiento de reintegro por alcance que se resolvió en el Tribunal de Cuentas. De momento, permanece a la espera del informe jurídico que elabore para formular la acusación y decidir si, finalmente, incluirá o no a la tesorera y al interventor en ella.

También, evidentemente, se espera la reacción de la Fiscalía, que hasta ahora se ha mostrado en contra también de que se impliquen en la causa penal a la tesorera y al interventor. Por ahora, todo está en compás de espera.