El Colegio de Arquitectos se afana en estos días en acelerar los trámites para la revisión del catálogo del nuevo Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico. Tiene que ser realizado en pocos meses por el procedimiento de urgencia, tal como se lo pidió la propia primera teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Carmen Pedemonte. Por esta razón, explicaba la secretaria del Colegio, Pilar Ortega Feliú, el proyecto se está dando ya a conocer públicamente para que aquellos profesionales que estén interesados puedan inscribirse.

Será pues a finales de esta semana o a comienzos de la siguiente cuando se conforme el equipo técnico. En condiciones normales, teniendo en cuenta el número de edificios a revisar -unas 800- , este grupo lo integrarían unas diez personas, pero la rapidez demandada para la actuación hará que éste se refuerce hasta el doble. Cada uno de ellos, pues, contará con unos 40 edificios catalogados para realizar el estudio de campo de los mismos.

Los trabajos, explicaba Ortega, comenzarán pues inmediatamente después de esta selección en la primera quincena de marzo y durarán un par de meses. Así, a lo más tardar, el trabajo de colaboración del Colegio de Arquitectos deberá estar terminado a principios de mayo, y será entonces cuando se entregue a la Gerencia de Urbanismo para que ésta valore los resultados del mismo, y reduzca, como así ha manifestado Pedemonte, el grado de protección de algunos de estos inmuebles en caso de que sea posible.

Porque ésta era precisamente la principal queja planteada en este sentido por el Partido Popular (PP) antes de entrar en el Gobierno local. Y su resolución, una de las promesas electorales planteadas por esta agrupación.

Pero la extracción de conclusiones corresponderá, como así aclaraba la secretaria del Colegio, exclusivamente al Ayuntamiento. Su tarea se basará, fundamentalmente, en la visita de estos inmuebles y la toma de datos pertinente que permita analizar después el valor del edificio dentro del patrimonio urbanístico local. De esta manera, cada uno de los veinte arquitectos deberán realizar una visita a los edificios y tomar fotografías que evidencien su relevancia arquitectónica.

Para ello, se presta atención especialmente a una serie de aspectos. En primer lugar, el grado de conservación de la estructura original del edificio, es decir, si sobre el esqueleto del inmueble se han realizado actuaciones que han desvirtuado su valor. En segundo, el estudio de los materiales. En este sentido deben tenerse en cuenta las calidades de los mismos o si se utiliza, por ejemplo, auténtica piedra ostionera o si es de imitación. Otro de los instrumentos clave de este estudio es el análisis de algunos elementos de la construcción como la escalera principal, las cornisas o los petos (una de las partes que componen la cubierta del edificio).

No es la primera vez que algún Ayuntamiento de la provincia recurre al Colegio de Arquitectos de Cádiz para la revisión de un catálogo de edificios protegidos. De hecho, ya han trabajado en la capital gaditana y en Puerto Real. Por esta razón, Ortega conoce bien el tipo de perfil que tendrá el profesional que ejercerá esta tarea. Normalmente, aseguran, suelen ser arquitectos jóvenes, interesados en temas patrimoniales. En alguna ocasión, incluso, se han llegado a contratar historiadores, aunque éste no es el caso en San Fernando.