La resolución de las alegaciones y la confirmación de, por ahora, 54 de los 59 expedientes que la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico está tramitando con el propósito de acabar con las ocupaciones existentes en la zona de dominio público de la playa de La Casería no ha sido ninguna sorpresa para los afectados, que desde hace mes y medio tienen bastante claras las intenciones de la administración.

Costas, sostienen, está decidida a despejar la zona. Los expedientes de recuperación posesoria que se han ratificado aluden, en su mayor parte, a las casetas que se reparten por el borde del litoral, cuya permanencia parece bastante complicada a tenor de las últimas resoluciones, que instan a sus ocupantes a dejar expedita la zona una vez desestimadas las alegaciones.

Si el procedimiento administrativo sigue su marcha sin impedimentos, a principios de 2021 estas características construcciones podrían pasar definitivamente a la historia.

A ello se suman los dos negocios hosteleros que se emplazan en esta zona, una cuestión más delicada que afecta directamente a una treintena de empleos. Uno de ellos, la Cantina de El Titi-El Bartolo, cuenta con una concesión para el desarrollo de su actividad concedida por Medio Ambiente por la que paga un canon. Es uno de los casos cuyo expediente todavía no se ha resuelto, según confirmó esta semana el jefe de la demarcación de Costas, Patricio Poullet.

El otro local, La Corchuela, sí es uno de los desalojos que se ha confirmado. Su propietario, Miguel Muriel, todavía no ha recibido la notificación pero ya lo sabe. Hace apenas unos días se lo comunicaron en una nueva reunión a la que asistieron responsables de Costas y de la Subdelegación del Gobierno, un encuentro en el que dejaron bien claro que los planes para la playa de La Casería siguen adelante. "Esto es algo que sabemos desde hace mucho tiempo", insiste.

Sobre la mesa le han puesto la opción de retranquear el local unos 58 metros atrás con respecto a la línea de costa. "Pero eso supone construir un nuevo establecimiento, lo que tiene un alto coste", explica. Otra opción, al margen de la declaración de interés público que el Ayuntamiento isleño intenta promover, pasa por recurrir el expediente y trasladar el tema a los juzgados, lo que podría llegar a paralizar los derribos durante varios años hasta que hubiera un sentencia firme.