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Su experiencia y los datos de informes económicos y sociales de otras instituciones han servido a la Asociación Pro Derechos Humanos para elaborar un informe en el que se reconoce que el 11,41% de la población isleña vive en situación de vulnerabilidad, dentro de los umbrales de pobreza establecidos. Son, según el informe del Centro de Estudios Andaluces (CEA) de este año que cita la entidad, 10.699 personas concretamente de las 93.544 que señala el censo de 2006. El estudio incluye datos sobre la atención a inmigrantes y a mujeres que se dedican a la prostitución.

El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) también realiza informes anuales sobre exclusión social. Son 1.582 hogares los excluidos, un 7,07% del total de hogares. Se refiere esta situación a carencias materiales, pero también a la pérdida de capacidades para acceder al proceso productivo -no trabajan y no se les considera consumidores-, a bienes como la cultura o una vivienda. No ejercen la ciudadanía, ni la participación. Estos hogares se centran en las zonas de La Ardila, Blas Infante, zona de calle Alsedo, Gallineras y Buen Pastor en el estudio de 2002. La CEA señala este año El Carmen, Blas Infante y La Pastora, como zonas desfavorecidas, y como muy desfavorecidas, La Ardila y Bazán. Sinónimo de pobreza y pobreza extrema.

La población en situación de pobreza -10.699 personas- para Pro Derechos Humanos constituye el 5,02% del total de personas que la sufren en la provincia. Son personas que no superan los límites económicos establecidos, en este caso que están por debajo del 60% de la renta media disponible en el conjunto del Estado. Cuando es acentuada, los afectados carecen de recursos para la satisfacción de las necesidades básicas, como la alimentación, vivienda, educación o atención sanitaria. Es el 6,31% si se habla de exclusión. No es algo extraño puesto que estos fenómenos son altos en los municipios de más de 50.000 habitantes donde se sitúa San Fernando. Todos estos datos se acentúan por los problemas de desempleo, que aqueja en el último año a más de 10.000 personas, un incremento en este periodo anual en torno al 26%.

Todos estos problemas también afectan a la población inmigrante que se ha ubicado en La Isla, donde prevalecen los bolivianos frente a otros orígenes -al igual que ocurre en El Puerto-. A este grupo y otros atiende en la medida de lo posible Pro Derechos Humanos a través de su red de atención en la Bahía. La asociación ofrece en su informe datos sobre asistencia desde 2006 a la actualidad, con el tope en junio. En 2007 se atendió al mayor número de personas, 307, cuando el año anterior habían sido 200 menos. En los primeros seis meses del año habían acudido a la entidad 161 personas. Curiosamente, son más mujeres que hombres, con una división de 59,52% y 40,48%. Muchos de ellos no tenían la documentación exigida. Entre las mujeres suponía el 72% y entre los hombres, el 67,4%. Se confirma la presencia de más inmigrantes de Bolivia con la atención, puesto que han sido el 50%, frente al 14% de marroquíes y el resto de lugares muy repartidos entre Latinoamérica, África negra y Europa del Este.

El otro factor analizado en el informe es la prostitución. Aumenta el número de mujeres atendidas en este campo: 15 en 2006 y otras tantas en 2007, pero 23 en 2008. Son casi todas inmigrantes, en edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, solteras o separadas, y en un 65% en situación irregular.