Es curioso que en apenas un año el desfalco de la Caja Municipal haya deparado numerosas novedades, avances que en dos años habían sido contados, y que en los últimos doce meses se ha revelado sorprendentes, o simplemente esperados. Sin embargo, la noticia más aguardada desde que el caso saltara a la luz pública -y no hablamos de la reaparición del dinero- sigue sin suceder: aún no se ha producido el juicio penal, ni hay fecha establecida para su celebración. Por el contrario, el procedimiento contable paralelo ya ha comenzado.

En abril del año pasado el juicio seguía pendiente, no había movimiento político alguno y Clemente Ruiz, uno de los cajeros imputados por el robo de 7,8 millones de euros de la Caja Municipal, continuaba en prisión. Ni siquiera había novedades en la investigación policial. Las manifestaciones de los dirigentes políticos iban, por una lado, en reclamar responsabilidades políticas, y por otro, en la línea de pedir celeridad a la Justicia. Un año después no hay ningún movimiento por parte del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de San Fernando. En el plano político, por contra, las cosas sí han cambiado.

Al anuncio de que la delegada de Hacienda cuando se conoció el desfalco no iría en las listas municipales del PA, se unió precisamente con la celebración de los comicios locales un cambio de gobierno. Las urnas dieron la espalda a los andalucistas que pasaron a ser la tercera fuerza isleña por detrás de PSOE y PP, en lo que se interpretó como un coste electoral y político de lo que había pasado. Dejaron pues de tener el control del Ayuntamiento y se mantuvieron, eso sí, en el equipo de gobierno como socios de los populares. El ex alcalde Manuel de Bernardo dio un paso atrás y dejó como cabeza visible del grupo a Francisco Romero.

El pacto entre ambas formaciones fue posible al haberse comprometido el PSOE a no llegar a acuerdo con los andalucistas, como reclamó a todos los partidos la plataforma pro Responsabilidades Políticas. Tras las elecciones, este colectivo ciudadano, que con sus protestas estuvo presente en numerosos eventos de la ciudad desde que se produjera el desfalco, también en algunos actos del Bicentenario, optó por afrontar su disolución al considerar que su objetivo se había cumplido después de que los ciudadanos se posicionaran en las urnas.

También ha variado en el último año la situación de Clemente Ruiz. En prisión durante más de 20 meses, y rechazada en varias ocasiones su puesta en libertad, la sección cuarta de la Audiencia Provincial decretó su libertad bajo fianza a finales de junio. La espera del ex funcionario para verlo fuera de Puerto II se antojó interminable, especialmente para la familia y amigos más allegados que sufrieron cómo se retrasaba todo ante la imposibilidad de conseguir el dinero establecido como depósito. La defensa de Clemente Ruiz solicitó entonces en cambio de fianza en metálico a fianza hipotecaria y la comprobación de la fiabilidad de esta propuesta, de la propiedad que se ponía como garantía, llevó a uno de los imputados por el robo de la Caja Municipal a recorrer el camino de salida de prisión ocho días más tarde. "Hay muchas cosas que aclarar, pero con tranquilidad", declaraba tras abrazar a su mujer, a uno de sus hijos y a algunos amigos a las puertas de las instalaciones penitenciarias. Días después defendería su inocencia y se proclamó víctima de un montaje, como su compañera María José Lebrero de Celis, la otra imputada, pues ambos tenían funciones limitadas como auxiliares.

Las investigaciones de la Policía lo señalan, sin embargo, a él y a una familia marroquí a la que le une una estrecha amistad y antes de que se detectara el robo diversos negocios. Es la clave para los investigadores, como queda recogido en un informe entregado al Juzgado en marzo de 2011, pero del que comienzan a conocerse los detalles muchos meses más tarde. Ese documento detalla las elevadas cantidades de dinero que manejaban, el alto nivel de vida que mantenían, los gastos descomunales, hasta casi 2,5 millones entre 2004 y 2009, sin que existiera una fuente de ingresos que pudiera suponer esa entrada tan alta. Todo quedó parado cuando se detiene al principal imputado del robo. Esa solitaria línea de investigación siempre ha sido criticada por la defensa del ex cajero -el abogado José Luis Tellado- que han cuestionado que no se estudiaran otras posibles opciones para aclarar lo ocurrido.

Ese informe policial, sin embargo, no se ha traducido en una fecha definitiva para la celebración del juicio penal. Por el contrario, la instrucción de la Cámara de Cuentas andaluza avanzó y, de hecho, se dio por terminada en julio, cuando se traspasa el caso al Tribunal de Cuentas. Se cita antes a los dos cajeros, al interventor, al anterior interventor -ya retirado-, a la tesorera y a los dos alcaldes del periodo en que se produce el desfalco, Antonio Moreno y De Bernardo. A todos ellos les notifica su responsabilidad contable, unos directos como los cajeros y el resto subsidiarios. En total, entre el dinero desaparecido de las arcas municipales y los intereses, reclama la devolución de 9,4 millones de euros.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas avisa, semanas después de darlo por iniciado, que el juicio contable será largo. El proceso se produce por el "posible descubierto producido en los fondos del Ayuntamiento de San Fernando por valor de 7.790.515,79 euros, como consecuencia de las irregularidades detectadas en la gestión contable".

A todo ello se suma la sorpresa por la petición de Clemente Ruiz para reincorporarse a su puesto de trabajo. Pendiente del desahucio de la vivienda en la que reside bajo alquiler, su situación económica no es buena. El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó su solicitud apoyándose en dos informes, que recordaban que la situación procesal del principal imputado no ha cambiado en estos tres años.

Tres años desde que saliera el caso a la luz, en los que no ha aparecido el dinero, mientras se sigue esperando el juicio penal.

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