El incumplimiento de la regla de gasto por parte del Ayuntamiento de San Fernando retrasa la aplicación de las mejoras pactadas con los representantes sindicales de la plantilla municipal, según ha denunciado el SPLI-UPBLA, el Sindicato de la Policía Local. 

Recuerda el colectivo sindical que el pasado 9 de octubre, en la mesa general de negociación del Ayuntamiento, se aprobaron por unanimidad los acuerdos para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, un acuerdo que todavía está pendiente de ser aprobado "de manera expresa y formal por la Junta de Gobierno Local. 

El acuerdo, ademas de la Oferta de Empleo Público para 2018, contempla medidas sobre la jornada de trabajo y de conciliación del personal, el régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal del personal municipal y justificación específica de falta de asistencia, reducción de empleo temporal y calendario laboral.  

Este pacto -sostiene el SPLI- "es consecuencia de la recuperación de los derechos suspendidos por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Fernando de 5 de octubre de 2012, por las medidas extraordinarias y transitorias impuestas por el Gobierno de Rajoy, conforme al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad".

Todas estas medidas negociadas con el gobierno para recuperar los derechos de los funcionarios agotan las posibilidades máximas "conforme a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cumpliendo los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto".

De ahí que el incumplimiento de la citada relga de gasto ponga ahora en riesgo estas mejoras ya aprobadas en la mesa de negocaición. El SPLI, en este sentido, ha vuelto a denunciar la "incapacidad" del gobierno "al presumir estos de un superávit de 7,5 de millones de euros, sin solucionar y gestionando mal el material para el colectivo policial como la carencia de chalecos antibalas, la entrega de uniformidad pendiente, la falta de pago de contrato renting de vehículos policiales, déficit de plantilla policial y de personal en los turnos de trabajo...", reitera.

"Y es ahora el Ministerio de Hacienda, al revisar y fiscalizar las cuentas que ha remitido el propio Ayuntamiento de San Fernando, quien le informa que no cumple el objetivo de regla de gasto, por lo que está retrasando la recuperación de los derechos suspendidos o anulados de los empleados municipales desde el año 2012".