El viernes María Antonia tuvo que salir de la casa en la que había vivido de alquiler y de 'okupa' por el plazo de una semana a raíz de un mandato judicial que les daba 48 horas para abandonar la vivienda. Se vio en la calle con sus tres hijos, con 16, 15 y 13 años de edad. Una conocida les dio una dirección en la calle Santiago, una casa propiedad de una entidad bancaria que estaba desocupada y la okuparon. "Estaba abierta", asegura.  

Ayer, después de la tormenta desatada con la grabación de audio de la concejala Ana Lorenzo, explicaba junto a su ex marido, Alejandro, la situación en la que se había quedado. "Al final hemos tenido que hacer lo que nos decía Ana Lorenzo. No nos ha quedado otro remedio. No nos han dado otra solución", explicaba. Y matizaba: "Nosotros no somos así. No queríamos esto". Lo que querían, precisamente, es que desde Servicios Sociales se les hubiese dado una solución a su problema, un alquiler social. E insiste, tiene reconocido un 70 por ciento de minusvalía y tres menores a su cargo. Cobra una pensión no contributiva y de su ex marido, con el que mantiene una buena relación, recibe el dinero correspondiente a la manutención de los menores. Pero no llega para pagar una alquiler corriente. Es más, al no contar con una nómina y al tener un historial de impagos, nadie quiere alquilarle una casa. Así que -resalta- las opciones son pocas.