La confederación de entidades de parálisis cerebral (Aspace), de la que forma parte Upace San Fernando, advertía el miércoles pasado de la necesidad de contar con el apoyo de las administraciones para que su labor en pos de los derechos de las personas que atienden no se venga abajo. Eso temía el director de la entidad isleña, José Manuel Porras, que lamentaba el recorte para la Ley de Autonomía y Dependencia que se reflejaba en los Presupuestos Generales del Estado con un 46% menos. Su preocupación se giraba ahora hacia la Junta de Andalucía, que debe eleborar su documento económico para el próximo año, por saber si también reducirá las partidas destinadas a las numerosas entidades vinculadas a la dependencia que realizan un trabajo encomiable para la sociedad. Por el momento, muchos de estos colectivos sufren los retrasos en los pagos de las distintas consejerías implicadas en esta asistencia, desde Igualdad, Salud y Políticas Sociales, pasando por Economía (que se encarga de empleo) hasta Educación. Afa Vitae -alzheimer-, Upace y Afanas son algunas de estas entidades a las que repercute esta situación. Los impagos de la Junta con estas tres asociaciones en conjunto ascienden a unos 2,1 millones de euros.

Upace cifra esa deuda pendiente de la Administración regional en unos 700.000 euros, que en su caso se reparten Economía, Educación y Políticas Sociales. En la actividad educativa y de atención temprana no se ha pagado el trimestre que debía abonarse antes del 30 de septiembre y aún se debe el 65% del comedor del año pasado. Hace unos días cobraron el mes de junio de la unidad de día, pero quedan pendiente pagos del centro ocupacional, de la residencia, con lo que la cantidad sin cobrar en este ámbito es de más de 300.000 euros más unos 90.000 del año pasado. Empleo tiene pendiente de integrar unos 110.000 euros. El problema, explica Porras, es que "la financiación con los bancos se encuentra supeditada a los pagos de la administración". A eso se suma que los proveedores están encima para cobrar las facturas pendientes.

A Afa Vitae la Junta tiene pendiente de pagarle una cifra que se sitúa en torno a los 600.000 euros, destinados a mantener la actividad de la unidad de día y su residencia. Les deben marzo, aunque pagaron abril, pero después les falta por recibir el dinero de varios meses. Ahora les han pagado mayo. "Por suerte no debo a proveedores ni a los empleados, porque nos buscamos la vida como podemos, como siempre lo hemos hecho", apunta su presidente, Mari Pepa Rodríguez, que si bien reconoce que existen en la provincia algunas asociaciones que han tenido que cerrar su unidad de día y despedir al personal para mantener parte de su funcionamiento con voluntarios. Lo peor de esta situación que padecen, a su juicio, es la falta de nuevos ingresos para ser atendidos por la entidad. "Desde hace dos años no entra nadie nuevo, cuando hay familias con graves problemas. Es desolador", reconoce. El daño colateral de ambas situaciones -cierre y falta de ingresos- es que hace que las familias tengan que cuidar a los enfermos en sus casas. Y eso que hay posibilidad en el centro. "Tengo 20 plazas de la unidad de día vacías y en la residencia la Junta no me paga 30 plazas que están concertadas. No entran por la vía pública, sino por la privada, cuando tenemos la documentación necesaria y la acreditación", comenta. Esto no le gusta: "Se te vienen abajo los ideales, porque luchamos por construir este sitio para quienes tenían problemas adquisitivos. No es justo que sólo pueda entrar quien tenga dinero".

La situación hace que el gerente del centro concertado de Educación Especial que Afanas tiene en San Fernando, Francisco Ramírez Palma, advierta de que en estas condiciones no puedan seguir más tiempo: "Se nos están cerrando las puertas y nosotros vamos a tener que cerrar centros". Y eso no sólo supondrá que las familias tendrán que hacerse cargo de estas personas sin ayuda, porque hay un porcentaje de usuarios que no tienen familia y no pueden dejarlos en la calle. Tienen retrasos de cobros en dos residencias y una unidad de día, les deben la liquidación de la estancia en residencia, Educación no ha abonado el trimestre correspondiente y falta aún por cobrar el 65% del concierto de comedor. A eso se añade que no han visto un euro por la atención temprana en lo que va de año. En total la deuda con esta asociación, según los cálculos de Ramírez Palma, llega a los 850.000 euros.

"Estamos pendiente de cobrar unos 200.000 de facturas de estos meses con el plan de pagos a proveedores que nos llegará a mediados de octubre", es lo que sabe este hombre que explica que los contactos con la Junta los realiza el Cermi (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad).