Frente al panorama de caos y descontrol económico del que habla el informe de la Cámara de Cuentas, Muñoz Machado asegura que la gestión económica del Ayuntamiento "se ajusta a la práctica contable y presupuestaria". Aún así, a pesar de funcionar correctamente, pudo cometerse un robo millonario de la caja municipal que, además, se perpetró durante varios años.

Asegura en sus conclusiones el bufete de Muñoz Machado que "todo buen gestor o administrador puede ser objeto de un robo, de eso no cabe duda, y eso es lo que sucedió en la caja de efectivo del Ayuntamiento de San Fernando".

Es más, según el dictamen emitido sobre las conclusiones de la Cámara, el desfalco resultó "imposible de apreciar por los órganos municipales cuando -y cita aquí al informe de la Cámara- no hay error en la contabilidad: el saldo con el que la caja evoluciona a lo largo del tiempo es generado por operaciones de cobro y pago reales, derivadas de hechos económicos reales".

"Simplemente, según Muñoz Machado, existe una falsificación sistemática de las hojas de caja por los cajeros imputados penalmente e imposible de apreciar hasta que se actualizó la contabilidad municipal y se conciliaron los saldos". Y añade: "Desde la perspectiva de la jurisdicción contable, entendemos -al igual que el Ayuntamiento- que el saldo deudor injustificado de la caja tendría que imputarse directamente a quien correspondía la obligación de realizar pagos y cobros en metálico y cuadrar la caja; eso es, a los dos cajeros municipales".

Sobre el robo de la caja, Muñoz Machado tilda de "sorprendente" que en el informe de la Cámara de Cuentas "ni tan siquiera se cite la existencia de los dos cajeros municipales imputados (Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis)". Habla de la manipulación de más de 1.200 hojas de caja entre los años 2004 y 2009 y recuerda que dichos funcionarios -por acuerdos plenarios de 11 de julio de 2000 y de 5 de julio de 2002- eran los encargados del arqueo diario, custodia de los fondos y rendición de cuentas. De ahí, que considere que se trata de "un hecho determinante que, al menos, debería ser valorado por un órgano de control externo que actúa de forma objetiva e imparcial".

Llama también la atención el dictamen sobre otra cuestión vinculada al robo: las alusiones, entre las atribuciones del alcalde, a la de conservar en su poder una de las tres llaves del arca de caudales y asistir a los arqueos ordinarios y extraordinarios, "un precepto en desuso en la práctica y a la luz de las normas contables actuales, además de contrario a las decisiones legalmente adoptadas por el Pleno en el marco de sus potestadesd e autoorganización".

"No existe además hoy en día ninguna entidad local, y menos del tamaño de la auditada, que mantenga el arcaico sistema de las tres llaves ni en la que el alcalde asista en persona a los diferentes arqueos que se realicen", concluye.