El alcalde isleño, el andalucista Manuel de Bernardo, devolvió ayer el duro golpe que recibió en el pasado mes de mayo, cuando la gestión económica del Ayuntamiento de San Fernando quedó en entredicho ante las conclusiones del polémico informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, del que ya entonces dijo que desprendía "intencionalidad política" y "cierto tufillo socialista".

Aunque el órgano fiscalizador andaluz había emprendido con anterioridad la auditoría del Consistorio isleño, el descubrimiento del desfalco millonario perpetrado en la caja municipal -en abril de 2009- hizo que el estudio en marcha abandonara el carácter rutinario que inicialmente tenía y se ampliara para adquirir un papel decisivo en el caso del robo de los ocho millones de euros.

Las conclusiones de la auditoría llegaron la pasada primavera. Y fueron demoledoras para el Gobierno municipal (todavía entonces compartido con los populares). Ayer, seis meses después y curiosamente cuando se cumple un año del ingreso en prisión preventiva del funcionario Clemente Ruiz, De Bernardo se tomó la revancha al dar a conocer las conclusiones del dictamen encargado al prestigioso bufete de Santiago Muñoz Machado, toda una autoridad en la materia. Un informe encargado por el Gobierno municipal -con un coste de 60.000 euros- que resulta igual de tajante, rotundo y contundente que los argumentos de la Cámara de Cuentas.

"No existe en absoluto en el Ayuntamiento de San Fernando un panorama de descontrol o de anarquía contable y presupuestaria como el dibujado por la Cámara de Cuentas -concluye Muñoz Machado-. Más bien al contrario, un minucioso y ponderado estudio de la situación económica del Ayuntamiento habría reflejado que (al margen del robo presuntamente perpetrado por los dos cajeros y de meros errores materiales e interpretativos de la normativa aplicable comunes en cualquier entidad local de este tamaño) la entidad fiscalizada se ajusta a la práctica contable y presupuestaria".

El dictamen del bufete de Muñoz Machado -del que dio cuenta la concejala de Economía y Hacienda, Mercedes Espejo- incide reiteradamente en que la Cámara de Cuentas de Andalucía incumple su propio manual de procedimiento y su reglamento de organización y funcionamiento y se aleja de las Normas Internacionales de Auditoría (Código Insotai) al no limitarse a exponer los hechos, al hacer juicios de valor y, sobre todo, no tener presente el punto de vista de la entidad fiscalizada, esto es, el Ayuntamiento de San Fernando.

Sobre esta última cuestión insiste Muñoz Machado. "En el informe de la Cámara de Cuentas Andaluza no se toman en consideración las extensas y justificadas alegaciones efectuadas del Ayuntamiento de San Fernando", asegura. Una circunstancia "que muestra el escaso interés de la Cámara de Cuentas Andaluza por constatar la realidad de los hechos o la aceptación implícita de la controvertibilidad de sus propias conclusiones".

El dictamen habla así de "la falta de motivación y de justificación de la mayoría de las consideraciones efectuadas en el informe emitido por la Cámara", que -concluye- "convierte el trabajo del órgano fiscalizador en ineficaz e incluso inválido al no haber atendido realmente las alegaciones admitidas o admitidas parcialmente, al limitarse a emitir en algunos casos opiniones genéricas y faltas de la más mínima prueba real y comprobable, al no reflejar debidamente hechos determinantes probados por el Ayuntamiento o al efectuar interpretaciones de la normativa aplicable contrarias a su finalidad".

La auditoría de la Cámara de Cuentas, de esta manera, se olvida de tener en cuenta el punto de vista de la entidad fiscalizada al no tomar en consideración los hechos probados por el Ayuntamiento enlas alegaciones, obviar las soluciones adoptadas desde la entidad local o incidir en errores que posteriormente se han corregidos. "Se limita en muchas ocasiones a emitir opiniones genéricas, sin una verificación suficiente y auténtica y sin la prudencia y el rigor exigible a este tipo de entidades de fiscalización", asegura Muñoz Machado en su informe, en el que también enumera varios ejemplos de los que se vale para argumentar sus afirmaciones.

Tanto para De Bernardo como para su concejala de Economía, Mercedes Espejo, este dictamen no hace sino reforzar sus críticas hacia la parcialidad y falta de objetividad de la Cámara de Cuentas y sobre la manipulación política del informe, que ayer de nuev o denunciaron.