La Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico admite que la suspensión cautelar del derribo aprobada por el juzgado entraba dentro de lo posible una vez que en el conflicto de La Casería, en este caso, había dado el salto a la vía judicial. No obstante, precisa, dicha medida concierne única y exclusivamente al merendero La Corchuela; el único del que se tiene constancia que haya recurrido a un contencioso una vez agotada la vía administrativa.

El resto de expedientes de recuperación posesoria de la zona de dominio público marítimo terrestre –que son más de 60– son firmes en tanto que las correspondientes resoluciones no han sido objeto de nuevos recursos.

Al menos, hasta el momento Costas no ha recibido ninguna notificación en este sentido tras desestimarse las últimas alegaciones hace unos meses, por lo que cree poco probable que haya más casos como el de La Corchuela en La Casería, donde las demoliciones tendrán que esperar a que se resuelva en primer lugar el contencioso, lo que lleva su tiempo.

Eso supone que en el caso de las casetas que se reparten a lo largo de la playa de La Casería, la administración tiene ya luz verde para proceder a las demoliciones.

Y el proceso administrativo –ha confirmado la Demarcación– sigue adelante según lo previsto mientras por otro lado se avanza en el proyecto de regeneración ambiental de la zona, que ya se ha presentado al Ayuntamiento para que formule sus propuestas y sugerencias.

Así que por el momento solo los dos establecimientos hosteleros asentados en la playa se salvarían de los derribos. La Corchuela, por la medida cautelar aprobada por el juzgado. Y la cantina del Titi-El Bartolo por la concesión que tiene vigente para el ejercicio de su actividad, aunque ésta ha sido recurrida también en los juzgados por parte de Costas al haber sido otorgada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente sin su autorización.

De todas formas, según Costas, más allá de este otro contencioso que afecta a El Bartolo, en las cláusulas de dicha concesión se contempla su rescate en el caso de que la administración se plantee intervenir en la zona de dominio público marítimo terrestre, lo que deja también vía libre para actuar en este sentido. En este caso, precisa, el titular de la concesión dispondría del plazo de un mes para retirarse una vez que le sea notificado.

En paralelo, los afectados continúan con las movilizaciones con la esperanza de frenar in extremis los derribos y Medio Ambiente ha iniciado los trámites para la declaración de interés general de la zona, una opción que podría salvar el conjunto pero que, por otro lado, precisa del informe favorable de Costas, lo que parece muy poco porbable que ocurra.