La Junta ha resuelto todas las expropiaciones de la manzana de la calle Montañeses de la Isla afectada por el trazado del tranvía. Todas menos tres. Los propietarios de dos comercios -una cafetería y una churrería- y de una finca particular que linda también con la calle San Marcos se resisten a abandonar el lugar a pesar de que la Delegación Provincial de Obras Públicas, promotora de la actuación con el Ayuntamiento, ha anunciado ya su derribo inmediato.

Los afectados, sin embargo, afirman que todavía no han alcanzado un acuerdo con la Administración autonómica y se aferran al contencioso interpuesto por las expropiaciones, que está todavía pendiente de sentencia, para aguantar en el sitio todo el tiempo que puedan.

Pero resistir resulta cada vez más difícil porque los avances de la obra del tranvía cercan cada vez más a estos negocios. El ejemplo más evidente ocurrió en la mañana de ayer cuando operarios de la adjudicataria comenzaron a vallar todo el perímetro de la manzana objeto de la expropiación. Obras Públicas, con antelación, había anunciado la operación así como el inminente derribo de las fincas, que ya intentó llevarse a cabo en el pasado mes de julio.

El vallado incluyó inicialmente los negocios que no han acatado aún las expropiaciones y que ayer estaban abiertos al público, lo que despertó las críticas de sus propietarios que llegaron incluso a enfrentarse a los operarios, a los que exigieron que retiraran las vallas, cosa que, efectivamente, hicieron poco después. El cerramiento, de esta manera, se llevó a cabo en toda la manzana exceptuando estos negocios. Uno de los afectados, responsable del bar Las Canastas, afirmó que están a la espera de nuevas reuniones con la Delegación Provincial de Obras Públicas para ver si por fin se consigue llegar a un acuerdo. De ahí que no se quieran mover. "No nos pueden cerrar esto porque aún no se ha resuelto la expropiación", argumentaba.

También -recordó- está pendiente de sentencia del contencioso interpuesto, que si les resulta favorable podría llevar a anular las expropiaciones iniciadas por la Junta.

Así que para ejecutar las expropiaciones y proceder a la demolición de estas fincas que todavía no han sido desalojadas, Obras Públicas necesita una orden judicial. Sin ella, desde luego, no se piensan ir sus actuales inquilinos al no estar de acuerdo ni con las expropiaciones ni con la tasación realizada, como afirmó a este periódico su representante legal, el abogado José Antonio Gamero. Y esa orden puede tardar todavía varios meses en llegar si no más, tiempo que tardaría en llevarse a cabo el derribo de las fincas y que, por consiguiente, retrasaría las obras del tranvía en un enclave decisivo, el nudo de comunicaciones de la Venta de Vargas.

El intento, ayer, de vallar la totalidad de la manzana, incluyendo aquellas fincas que todavía no han alcanzado un acuerdo con la Junta fue interpretado por los afectados como "un intento de coacción", una medida de presión para obligarles a aceptar la tasación establecida y abandonar los locales.

Los responsables de estos comercios consideran ínfimas las cantidades fijadas como indemnización por sus locales. Las tasaciones sitúan el valor de la cafetería en unos 60.000 euros y el de la churrería en aproximadamente unos 40.000, cifras que -insisten- les impiden afrontar el traspaso de sus negocios a otros lugares de la ciudad.

"La Cámara de Comercio fijaba la tasación del bar en 370.000 euros -explica su propietario- pero la Junta no estaba de acuerdo porque decía que esa cantidad sería en concepto por el cese de actividad y no por el traspaso del negocio, que es lo que pretende".