Nunca contó la zona azul con demasiada popularidad en La Isla, que desde un primer momento se mostró reacia a pagar por estacionamientos que hasta el momento de la puesta en marcha de la ORA -Ordenanza Reguladora de Aparcamientos- habían sido totalmente gratuitos. Eso sí, las reticencias fueron creciendo a medida que la zona azul, ante la puesta en marcha de las obras del tranvía y la semipeatonalización de la calle Real, obligó a trasladar numerosas plazas de pago a otras calles y áreas próximas, donde no siempre estos aparcamientos de pago se ajustaban a sus objetivos iniciales ni cumplían con su misión de facilitar la rotación de vehículos en zonas clave del centro para favorecer la actividad comercial. Cierto es que, al mismo tiempo, desde el Ayuntamiento se impulsaron en estos años varias bolsas de aparcamiento público que han supuesto un verdadero desahogo y han evitado que el descontento ciudadano fuera a mayores. Pero el debate de la zona azul, de la necesidad de afrontar una profunda reordenación de estos estacionamientos en el centro y de los criterios que se siguen en la aplicación del contrato, ha estado desde entonces sobre la mesa, aunque poco haya variado la situación en realidad.

En el próximo mes de enero se cumplirán 12 años de zona azul en La Isla, tiempo más que suficiente para haber hecho desde el Ayuntamiento balance de lo que funciona y de lo que no con la ORA. El gobierno municipal, no obstante, ha anunciado una nueva prórroga del servicio, que se sumará a la que se aplicó prácticamente de manera obligada en 2016. Aunque solo -advierte- por el tiempo que tarde en tramitarse el nuevo contrato. Claro que la redacción de una nueva plica está sujeta a una profunda revisión de la zona azul para que funcione mejor y con más garantías. Y eso precisa de su tiempo. Tanto que resulta difícil pensar que todo pueda completarse antes de que termine el mandato en 2019 si desde el ejecutivo no se le da un impulso decisivo a este tema por encima incluso de otras actuaciones pendientes. Sobre todo cuando en contratación hay otras prioridades de calado como el nuevo contrato de limpieza y recogida de basura, que se quiere adjudicar antes de las elecciones.