Hoy se cumplen siete años de la repentina detención de los dos funcionarios encargados de la caja de efectivo de las oficinas municipales de Hacienda, a los que en un primer momento se les relacionó con la desaparición de 480.000 euros de las arcas municipales, una cifra que en las semanas siguientes -una vez hecho recuento - creció hasta adquirir unas proporciones que todavía hoy resultan difíciles de digerir: 7,8 millones de euros.

Tal cantidad, para asombro de todos, supuestamente había sido sustraída al cabo de varios años burlando los controles de manera diaria y sistemática. La magnitud de la cuantía desaparecida y la forma en la que el dinero había salido de las dependencias municipales de la avenida San Juan Bosco era escandalosa. La investigación policial tardó poco tiempo en poner en evidencia las carencias de estos filtros. El resto, hábilmente espoleado también por el interés político cuando tocaba, vino solo dada las proporciones del suceso: estupor entre los ciudadanos, dudas ante la gestión municipal, acerca de la debida diligencia de los responsables (interventor y tesorera), ante el exceso de confianza que existía en los funcionarios de la caja, la credibilidad del gobierno local en tela de juicio, exigencias de depuración de responsabilidades políticas, plataformas que exigían dimisiones, prisión provisional para el principal sospechoso...

La tormenta y la tensión política y social que desencadenó el descubrimiento del robo de la caja fue apagándose con el paso del tiempo y el tema quedó relegado a un segundo plano aunque el suceso, sin lugar a dudas, supuso un punto de inflexión en La Isla y tuvo una incidencia directa en los acontecimientos políticos que se desarrollaron a continuación. Sin embargo, a pesar de la envergadura de lo ocurrido y de la cantidad millonaria a la que ascendía el desfalco, el proceso penal -siete años después- sigue estancado, sin fecha para la celebración del juicio y sin registrar avances significativos desde hace ya siete meses. El Tribunal de Cuentas, en la causa contable que discurre paralela, dictó sentencia hace ya dos años y medio (aunque ha sido posteriormente recurrida por todas las partes implicadas), pero la vía penal -al frente de la que han estado hasta tres jueces diferentes en todo este tiempo- se demora en exceso. El proceso sigue en su fase de instrucción y, desde el pasado otoño, pendiente además del recurso que presentó la Fiscalía contra las imputaciones del interventor y de la tesorera del Ayuntamiento y contra la decisión de investigar la trama marroquí que supuestamente se dedicaba a blanquear el dinero que salía de las arcas municipales en una pieza separada (al menos hasta que no se tome declaración a los imputados).

Sobre dicho recurso tiene todavía que pronunciarse la Audiencia Provincial, a la que no ha llegado aún la documentación que el Juzgado isleño tiene que remitirle. Según explicó ayer la Fiscalía, el sumario se ha intentado digitalizar aunque finalmente no ha sido posible, así que se está pendiente ahora de realizar las copias oportunas que se mandarán a la Audiencia para que se resuelva el recurso, tras lo cual podrá por fin cerrarse la instrucción y fijar una fecha para la celebración del juicio.

Aunque se desconoce todavía el paradero de la mayor parte del dinero desaparecido y el papel que jugaba la llamada trama marroquí -el clan familiar que compartía amistades y negocios con el principal sospechoso, el funcionario responsable de la caja: Clemente Ruiz- la investigación policial llevada a cabo explicaba ya lo ocurrido en las oficinas de Hacienda apenas unos meses después de que trascendiera el desfalco, el 1 de abril de 2009. En este punto -las pesquisas policiales llevadas a cabo se centran en la falsificación de los apuntes contables- no ha habido variaciones en estos siete años. Incluso la sentencia del Tribunal de Cuentas incide en los mismos argumentos.

Debido precisamente a esas investigaciones, el principal sospechoso ingresó en prisión preventiva. Estuvo en Puerto II unos 20 meses. En julio de 2011 salió de la cárcel. Y desde entonces está en la calle, a la espera del juicio. Actualmente, según explicó ayer su abogado, José Luis Tellado, reside en Málaga y sigue teniendo que presentarse a diario en la comisaría más cercana.