La batalla en la que la barriada de La Almadraba lleva años inmersa por conseguir que sus casas se consideraran dentro de la legalidad no ha acabado, aún cuando la Dirección General de Costas aprobó el expediente de modificación de la zona de servidumbre de protección. Ahora los problemas se centran en el plan especial de mejora, que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente acaba de echar para atrás.

El Plan Especial resulta obligatorio para cualquier actuación en la zona, que necesita mejoras tanto urbana como en muchas de las viviendas. Más si cabe, porque el Plan General (PGOU), ya aprobado, sí recoge el cambio de la clasificación del suelo como urbano consolidado, pero no diseña una ordenación más explícita del mismo. Precisamente, las cuestiones técnicas para definir esta ordenación han motivado el informe desfavorable de la Junta de Andalucía al documento remitido por el Ayuntamiento isleño. Principalmente, la Administración andaluza rechaza el sistema de cooperación que establece Urbanismo para el desarrollo de la zona, y también que defina dos zonas de ordenanza distintas para un mismo ámbito. José Antonio Gamero, el representante legal de los vecinos en esa lucha jurídica por ver reconocida la legalidad de las viviendas, considera acertado el informe, aunque hace puntualizaciones sobre la mejor solución para este embrollo urbanístico.

Para empezar el abogado especialista en cuestiones urbanísticas apoya la advertencia de la Junta de que toda la barriada debe ser considerada como suelo urbano consolidado "desde la numeración impar 349 al 499", apunta. "El plan especial no hace mención al tipo de suelo, concretamente elude hacer referencia a su clasificación, pero por las obligaciones que impone al propietario implícitamente lo está considerando suelo urbano no consolidado", comenta. Eso implica que hace recaer en los propietarios el deber de urbanizar a su costa y ejectuar las zonas verdes, redactar un proyecto de reparcelación y por tanto equidistribuir los beneficios y las cargas. Eso contradice el Plan General, como señala el informe de la Administración regional y ahora Gamero, que lo considera consolidado y, por tanto, sin obligaciones de urbanizar ni ceder nada al municipio. "Cuando un suelo se ha demostrado que es urbano consolidado, lo es y no puede dejar de serlo", deja claro.

Donde sí reconoce matices José Antonio Gamero es en que solo tenga que haber una clasificación de suelo y una sola ordenanza, con lo que en cualquier caso está de acuerdo. Defiende, de hecho, que la existencia de edificaciones en zona de servidumbre de protección no implica que no pueda darse un tratamiento homogéneo a la barriada. "Se trata sólo de clasificar el suelo como urbano consolidado de uso residencial, haciendo una distinción entre la ordenación de las viviendas afectadas por la servidumbre y las que no", afirma. Las viviendas que están dentro de esa franja protegida pasan a ser legalizadas por mor de la disposición transitoria tercera de la Ley de Suelo andaluza, e incluso "admitiendo nuevos usos y construcciones cumpliendo con las exigencias de la normativa", añade.

El abogado que representara a La Almadraba en su periplo legal cree que la solución está en "hilar un poco más fino urbanísticamente hablando". Quiere decir que hace falta un documento que case la ordenación de una zona compleja, dejando más flexibilidad para el suelo que queda fuera de protección frente al que está dentro de los 20 metros sí afectados por la servidumbre. "Estas viviendas están legalizadas -reitera", por lo que la única exigencia -a su juicio- es presentar un estudio de detalle que establezca rasantes y volumetrías propias cuando se vaya a solicitar licencia de obras sobre una de estas parcelas. "Simplemente se trata de hacer un rectificado del Plan Especial atendiendo las recomendaciones del informe de la Consejería con más tino técnico jurídico", finaliza.