La cuestión es sencilla y comprensible. Se trata -tal y como reclamaba el PSOE en el pleno del pasado viernes- de contratar a parados de La Isla, a desempleados de la propia ciudad, en aquellas obras que el Ayuntamiento vaya a llevar a cabo en el término municipal.

No es una medida que vaya a solucionar el grave problema del desempleo, que en la ciudad afecta a más de 13.600 personas. Ni mucho menos. Se trata más bien de un gesto por parte del Ayuntamiento hacia este colectivo cada vez más numeroso y hacia su precaria situación. La idea, su propósito y finalidad, es ampliamente compartido. Pero, lamentablemente, su puesta en práctica no resulta viable. Al menos, según los términos en los que el PSOE planteó su moción en el pleno, en la que solicitaba la contratación del 80 por ciento de desempleados locales en la adjudicación de las obras municipales.

Sencillamente, resulta ilegal negarse a contratar a personas por razón de su residencia en una u otra ciudad, por no ser de La Isla, de Chiclana o de El Puerto. Un informe jurídico presentado en el pleno advertía de esta irregularidad.

Frente a esta situación, el PSOE -el concejal Conrado Rodríguez- y un grupo de parados que aprovechó el debate para protestar en el pleno exige lo contrario: que en las obras de San Fernando trabajen parados de San Fernando. En otras localidades, advierten, se está haciendo. E incluso trabajadores isleños están perdiendo su trabajo, sus oportunidades laborales, en otras ciudades porque otros ayuntamientos está aplicando este criterio en sus actuaciones: favorecer la contratación de desempleados locales en detrimento de los que vienen de fuera. Fue el primer teniente de alcalde, el andalucista Francisco J. Romero, en el que puso sobre la mesa en el pleno una alternativa, jurídicamente viable, para responder a esta sensibilidad social. La propuesta, no obstante, fue rechazada al negarse el grupo proponente -el PSOE- a modificar su moción. No obstante, el delegado de Presidencia y Ciudadanía, Daniel Nieto (PP), anunció a principios de la semana que el Ayuntamiento adoptará y aplicará esta fórmula por propia iniciativa con el propósito de favorecer, en la medida de lo posible, la contratación de parados en todas aquellas obras que adjudique el Ayuntamiento.

Romero, por su parte, ha aclarado que se trata de una propuesta "sin precedentes y acorde con la Ley". Se trata de incluir en el proceso de adjudicación de las obras del Consistorio una condición (como mejora) que favorezca la contratación de aquellos desempleados empadronados en la localidad.

Según explicó Romero, la propuesta adoptada por el Gobierno municipal consiste en que en las plicas de condiciones administrativas de las adjudicaciones contractuales de las obras que licite el Ayuntamiento se incluya una condición especial en la ejecución del contrato que tenga un carácter de "consideración de tipo social", habida cuenta de la precaria situación de un colectivo cada vez más numeroso y de la gravedad que reviste en la actualidad el problema del desempleo para la sociedad.