Aunque se esperaba, la tensión política que se ha respirado en las dos últimas semanas tras la contundente denuncia del PP de supuestas irregularidades en el área de Hacienda -Loaiza requirió incluso la intervención de la Policía en sus últimas declaraciones- no asomó ayer en ningún momento en el transcurso del debate del pleno ordinario con el que la Corporación municipal estrenaba el año pre-electoral de 2018. Si acaso se vislumbró al dar cuenta de los reparos del interventor, un clásico de la sesión como la oposición le recordó al ejecutivo al lamentar una vez más la prestación de servicios en situación irregular en el Patronato de Deportes y la larga espera de la prometida unificación de estos contratos que, una vez más también, el equipo de gobierno afirmó que llegará en breve. Pero en general el debate se ciñó al guion de siempre y a los reproches de ida y vuelta ya conocidos entre populares y socialistas, entre populares y ciudadanos, entre estos y los andalucistas... Nada nuevo.

Los dos puntos de gestión que figuraban en el orden del día se solventaron sin apenas problemas. La inclusión del Ayuntamiento de San Fernando en el clúster marítimo naval -que se votó como asunto urgente- salió adelante por unanimidad de todos los grupos no sin antes recordarse la preocupante situación de los astilleros isleños ante la cada vez más notoria falta de carga de trabajo y ante la falta de noticias del BAM y de las corbetas de Arabia.

Ayer se aprobó la inclusión en el clúster marítimo naval y un plan de vivienda

Y la encomienda de la gestión de la redacción de un nuevo plan de vivienda a la Empresa de Suelo (Esisa) fue aprobado por mayoría -el PP se abstuvo y solo la edil no adsrita Inmaculada López votó en contra- advirtiéndose desde la oposición de los retrasos que acumula ya dicha iniciativa, que en teoría tiene de plazo hasta el próximo 15 de marzo. "Habrá prórrogas", aclaraba, en este sentido, el concejal socialista Conrado Rodríguez.

Fue un pleno en el que se debatieron muchos temas, desde la apertura de la playa en Semana Santa, al mantenimiento del campo de deportes Bazán a la celebración de una carrera San Silvestre o la necesidad de dotar plazas de estacionamientos temporales en las proximidades de las farmacias. Pero sin duda alguna fueron las reivindicaciones laborales de distintos colectivos -visibles en sucesivas protestas que se fueron turnando en la sala-las que protagonizaron la sesión y asumieron el peso del debate.

La más evidente fue la de los vigilantes de seguridad de las instalaciones municipales, que llevan varios meses afectados por los reiterados retrasos en el pago de las nóminas. Sí se puede (Podemos) trasladó por tercera vez al pleno su situación afeando al equipo de gobierno su "inacción" y reclamando la adopción de medidas -penalizaciones, acciones legales- contra la empresa que tiene adjudicado el servicio. El concejal Conrado Rodríguez recordó que, además de un contrato-puente que licitará en breve, se espera la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación en el Sector Público, en marzo, para tramitar el nuevo contrato definitivo. La moción fue aprobada por unanimidad.

Pero también a través de una moción de Sí se puede se abordaron ayer en el pleno la reivindicaciones de parte de los trabajadores del servicio de limpieza afectados por el cambio de los criterios aplicados a la contrataciones que se llevan a cabo a través de la bolsa de trabajo. La oposición mostró sus dudas en torno a la gestión del servicio e incluso llegó a insinuar supuestas irregularidades. Desde el gobierno, el delegado de Desarrollo Sostenible, Fran Romero, recordó que dichos criterios de contratación han sido aprobados por los trabajadores en asamblea y recogidos en el convenio colectivo. Con todo, se aprobó la creación de una comisión informativa -se optó por prescindir de la referencia de investigación- para aclarar a los grupos la situación y darles las explicaciones necesarias.

Por otro lado, también el grupo andalucista planteó la equiparación de Policías Nacionales y Guardias Civiles con los agentes de los cuerpos autonómicos. Representantes de esta plataforma -Jusapol- también estuvieron presentes en la sesión. La moción fue aprobada por unanimidad.