El Ayuntamiento desconocía todavía ayer el contenido de la resolución del recurso presentado por la Fiscalía que confirma la implicación de la tesorera y del interventor municipal en la causa penal que se instruye por el controvertido robo de 7,8 millones de euros de la caja. Hasta el momento no había recibido ninguna notificación en este sentido.

Aunque esta nueva situación -que en lo que toca a ambos funcionarios insiste en lo que ya advertía el auto judicial del año pasado- probablemente no traerá consigo ningún cambio en el Consistorio. Ya en 2015 el gobierno municipal recordaba que la adopción de posibles medidas disciplinarias con respecto a la tesorera y al interventor correspondía en todo caso al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al tratarse de funcionarios habilitados de carácter estatal: el Ayuntamiento no podía hacer nada al respecto. Que tengan que comparecer en calidad de investigados a prestar declaración ante el juez tampoco se trata de una cuestión que figure en el régimen disciplinario de estos funcionarios. Así que, previsiblemente, esta nueva circunstancia no tiene por qué afectar a sus puestos de trabajo por el momento. Los principales sospechosos -los dos funcionarios que estaban al cargo de la caja- sí fueron apartados de la plantilla con efectos inmediatos. De hecho, esa decisión dio pie en su momento a una serie de reclamaciones judiciales que fueron desestimadas posteriormente.

La instrucción del robo de la caja, por otro lado, ha superado ya los siete años sin que todavía se vislumbre siquiera la fecha para la celebración del juicio. Ha pasado incluso hasta por las manos de cuatro jueces titulares diferentes. El propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en su última memoria anual, la citaba como ejemplo de la eterna tramitación de algunas causas complejas que "sonrojan" por su excesiva lentitud.