Poco a poco. Menos al principio. Más al final. La manifestación convocada por la plantilla de la residencia de ancianos de Cruz Roja, que realizó el recorrido fijado desde la puerta de las instalaciones hasta la plaza del Rey, congregó ayer a unas 300 personas, que quisieron dar su apoyo a los empleados de este centro asistencial que ven peligrar sus puestos de trabajo con el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa y la reducción de la actividad habitual.

Tanto al principio como al final de la movilización los trabajadores quisieron agradecer el apoyo de los asistentes: al colectivo de trabajadores de Navantia, que con una pancarta daban su respaldo a los empleados; a las asociaciones de vecinos y la federación Isla de León, por su presencia; otros colectivos; y al Ayuntamiento, con todos los grupos políticos presentes. Desde el comité de empresa se calificó la manifestación como justa y necesaria. "Porque no se deben perder los puestos de trabajo y las plazas de asistencia", manifestaron ante los presentes en la plaza del Rey. "No al cierre de Cruz Roja", culminó su discurso. Ese grito había sido la consigna repetida durante el recorrido, recordando al lema que se pronunció en el pleno del pasado mes de noviembre, Cruz Roja no se cierra, para demandar la resistencia de la población a los recortes en las instalaciones asistenciales de Cruz Roja, y que rememoraba el eslogan usado cuando se luchó por los astilleros isleños, Bazán no se cierra.

La protesta se producía pocas horas después de la reunión que mantuvieron los representantes sindicales de la plantilla con la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Manuela Guntiñas, que mostró su solidaridad con los trabajadores. Sin embargo, desde la Delegación se reconoció la imposibilidad actualmente de aumentar el número de plazas corcertadas, algo que aumentaría la actividad del centro y serviría para paliar el déficit económico que arrastra, según los datos aportados por la dirección de la entidad. La memoria económica de la Delegación está sin aprobar y por tanto no podrá ser hasta entonces cuando ésta estime si tiene capacidad para aumentar el concierto. "La delegada nos ha asegurado que si existe la posibilidad mínima de que así sea, harán el esfuerzo, pero no puede comprometerse", explicó ayer Dolores Anaya, del comité de empresa. Los responsables sindicales buscan soluciones a los malos números, acciones alternativas al recorte de 200.000 euros del gasto salarial que propone la empresa y que duplica la cifra de reducción de prestaciones a la que está dispuesta a llegar la plantilla. "Es una pérdida excesiva -apuntó hace unos días Anaya, que ayer volvió a reiterar esta cuestión-. Algunos compañeros pueden perder más de 400 euros".

La preocupación de los trabajadores es patente porque el plazo para decidir sobre el ERE termina el próximo día 10. Antes dirección y comité de empresa tendrán una reunión el miércoles para intentar acercar posturas. El próximo lunes, de cualquier forma, los representantes sindicales seguirán estudiando los números para ver dónde pueden hacerse recortes y de esa forma salvar los puestos de trabajo y la actividad.