La Audiencia Provincial ha confirmado la implicación de la tesorera y del interventor del Ayuntamiento de San Fernando en la causa penal que se instruye desde hace más de siete años por el robo de 7,8 millones de euros de la caja de efectivo de las oficinas municipales de Hacienda.

Los funcionarios de máximo rango en materia económica del Consistorio isleño, María de las Virtudes Gómez Montero y José Antonio López Fernández, tendrán finalmente que prestar declaración ante el juez en calidad de investigados, que es la denominación que actualmente se utiliza para referirse a los imputados en un proceso.

La resolución que confirma la comparecencia de tesorera e interventor llega más de un año después del auto dictado el 20 de julio de 2015, en el que por primera vez y después de varios años de investigaciones se señalaba su implicación en la causa penal, una medida adoptada por la jueza que en aquellos momentos estaba a cargo del juzgado de primera instancia e instrucción número dos de la ciudad de la que discrepaba abiertamente el fiscal, Ángel Núñez. De hecho, éste presentó un recurso ante la Audiencia Provincial -que aludía también a otras cuestiones relativas a dicho auto- que es el que ahora acaba de resolverse, lo que permitirá continuar la prolongada instrucción de la causa del robo de la caja.

La jueza, en ese momento, argumentaba la imputación de ambos funcionarios al apreciar una conducta "dolosa" en la dejación de las funciones de control que ambos tienen asignadas en el Ayuntamiento y que habían permitido que se produjera un robo millonario de manera continuada durante al menos ocho años sin que nadie se percatara de nada. La Audiencia Provincial se hace eco ahora de esa misma falta de control que tan nefasto resultado tuvo para las arcas municipales para hablar ahora de una "omisión dolosa que debe ser investigada" al insistir en la implicación de ambos funcionarios en la causa penal..

El fiscal, sin embargo, no compartía este criterio al considerar que el Código Penal vigente no contempla como delito la supuesta actitud negligente de la tesorera y el interventor y al no haberse aportado durante la investigación llevada a cabo ninguna prueba que acreditara su participación activa en el robo de la caja o su implicación en un supuesto delito de malversación de caudales públicos. De ahí que optara por recurrir el auto, lo que en 2015 aplazó necesariamente esta comparecencia de la tesorera y del interventor en los Juzgados a la espera de que la Audiencia Provincial se pronunciara con respecto a esta cuestión.

Cabe recordar, de hecho, que fueron ambos funcionarios los que denunciaron la existencia del desfalco en abril de 2009 al tener constancia de lo que estaba pasando en las oficinas de Hacienda y tras notificárselo a las autoridades municipales. Y que desde el primer momento todas las sospechas se han centrado en torno a los dos responsables de la caja municipal, especialmente en la persona de Clemente Ruiz, que pasó incluso 20 meses en prisión preventiva (hasta julio de 2011).

Aún así, la ausencia de las oportunas medidas de control que propició este escandaloso robo en las oficinas municipales de Hacienda fue advertida ya en las primeras investigaciones policiales llevadas a cabo en 2009 y en el otro proceso que se ha desarrolado de manera paralela a la causa penal, aunque con mucha más agilidad: el juicio contable. Y en gran medida a eso se debe la sentencia dictada en 2013 por el Tribunal de Cuentas que considera a la tesorera y al interventor responsables subsidiarios del menoscabo detectado en las arcas municipales y los condena a pagar 67.000 y 29.544 euros (aunque esta resolución está también pendiente de un recurso de apelación que han presentado).

La Audiencia Provincial, no obstante, ha estimado las otras consideraciones realizadas por la Fiscalía en este recurso para evitar la separación de la causa en dos piezas -una de ellas centrada en la investigación de la llamada trama marroquí, que supuestamente se dedicaba a blanquear el dinero que salía del Ayuntamiento - mientras no se consiga tomar declaración a la totalidad de los imputados. Se refiere esta cuestión a la familia de origen marroquí que compartía amistad y negocios con el funcionario responsable de la caja, que también ha sido investigada por la Policía y que actualmente -desde hace ya varios años- reside fuera de España.

De ahí también la petición de la Fiscalía para librar una orden de busca y captura de carácter internacional dado el nulo resultado que ha dado la comisión rogatoria librada a Marruecos para que los imputados del clan marroquí prestasen declaración los miembros de esta familia que habían sido imputados, una cuestión que también ha sido estimada ahora por parte de la Audiencia Provincial.

La comparencia de tesorera y del interventor ante el juez en calidad de investigados está todavía pendiente de que se fije una fecha tras la reciente resolución de la Audiencia Provincial. El cierre de la instrucción, no obstante, depende todavía de múltiples cuestiones, entre ellas, la declaración de todos los miembros de la familia marroquí implicadas, además de una serie de diligencias de carácter internacional que la Fiscalía solicitó en 2014.