No hace tanto que los ayuntamientos podían gastar su superávit de un año a otro sin tapujos. La legislación no ponía límites para gastar ese dinero sobrante de un presupuesto en gastos o inversiones pendientes en el ejercicio siguiente. Con la crisis y la complicada situación de las administraciones las normas cambiaron y se aplicaron reglas de sostenibilidad financiera que encorsetaron sobremanera. Flexilibizadas en estos años, las administraciones reclaman sin embargo un paso más. Entre ellas el Ayuntamiento de San Fernando, que ha exigido a lo largo de este mandato que se fijen privilegios "para quienes han hecho las cosas bien y tienen capacidad económica". La posibilidad de que el Gobierno central vuelva a ampliar el ámbito de gasto del superávit se aplaude desde el equipo de gobierno por ello.

"Pedimos que los ayuntamientos que cumplen decidan en que gastan su supéravit. Es algo que también ha reclamado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Española (FEMP)", recuerda el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez. La idea es que las administraciones que estén bien económicamente tengan libertad de gasto, lo que necesita un cambio de normativa estatal. En el grado en que decida el Gobierno estatal responder a estas solicitudes se conocerá en estos próximos meses, para que el ajuste pueda aplicarse a partir del próximo año.

El edil socialista recuerda que se pasó de poder gastar el superávit en cualquier cosa, "por ejemplo hacer unas jornadas que estaban programadas un año al año siguiente" a solo poder amortizar deuda. Es decir, si sobraba dinero solo podía aprovecharse para reducir deuda sin tener en cuenta actuaciones que eran actuaciones necesarias para la ciudad. En los primeros años, abunda, no se podía gastar en el arreglo de una calle. "Se ha ido flexibilizando lo que denominaban financieramente sostenible", reconoce Rodríguez, que apunta a la posibilidad de atender inversiones que no generaran gastos, "las que el Ayuntamiento podía hacer si tenían capacidad económica para ello". En este caso, el ejemplo que pone el concejal de Gestión Presupuestaria es "comprar un local para no pagar el alquiler de otro". Poco a poco se abrió el abanico de inversiones aceptadas si la administración en cuestión cumplía una serie de requisitos económicos. En marzo se ampliaron los límites para incluir nuevos servicios: seguridad y orden público, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial, bibliotecas y archivos, equipamientos culturales y museos e instalaciones deportivas.

La apuesta ahora es modificar la regla de gasto, aunque de forma "ordenada y progresiva", según las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ayer trataba el cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el Congreso de los Diputados. Para ello es necesario, aseguró, "una reflexión seria para ver qué cuestiones pueden asumir los ayuntamientos", esto es en qué otras cuestiones pueden emplear el superávit para incorporarlo a sus presupuestos. El margen de autonomía sería para los ayuntamientos que cumplen con los parámetros fiscales.