Tres decisiones importantes tomó la junta rectora de la Fundación de Servicios Sociales en su reunión del pasado 15 de febrero: prorrogar el contrato a la empresa que actualmente realiza el servicio de ayuda a domicilio, adaptar los criterios de valoración para incluir a personas en este servicio -según la normativa andaluza- y firmar un nuevo anexo para continuar el convenio con la Diputación Provincial para el programa de teleasistencia.

Según explicó ayer la vicepresidenta de la Fundación, Susana Rocamonde, la cláusula tercera del contrato administrativo con Geriadi, que desempeña esta labor de ayuda en las casas a personas con discapacidad o de edad avanzada desde hace cuatro meses, permitía renovar la relación contractual por un periodo de tiempo similar, si lo demandaban las partes. El 6 de febrero los responsables de la empresa notificaban, a través de una misiva, su deseo de seguir con el servicio. El visto bueno del Ayuntamiento conlleva ahora que Geriadis continúe al frente de estas funciones, concretamente hasta el 6 de julio, con un coste de 29.593 euros.

Este programa ha tenido que ser adaptado a la normativa establecida por la Junta de Andalucía. Una orden de noviembre pasado obligaba a unificar los criterios de baremación y valoración para el acceso a estas prestaciones, en cumplimiento de la Ley de Dependencia. "Si bien los criterios eran muy similares antes de la entrada en vigor de estos cambios, había que pulir algunas cuestiones", señaló la concejala andalucista. Rocamonde reconocía que este servicio es uno de los más importantes que presta el área. Dirigido a personas que necesitan de terceros para hacer una vida normal, ya sea en cuestiones de higiene, elaboración de comidas o ayuda en gestiones, el Ayuntamiento de San Fernando, destacó, fue uno de los pioneros en ponerlo en marcha, por el año 1985.

El otro punto que la junta rectora de la Fundación de Servicios Sociales trató fue el nuevo anexo para el convenio de teleasistencia suscrito con la Diputación Provincial en diciembre de 1998. Este procedimiento es necesario para continuar con la colaboración que implica la financiación conjunta de esta actuación. Así, el Imserso y la Diputación se hacen cargo de un 65 por ciento, esto es 13.615 euros; mientras el Ayuntamiento atiende al resto, que se cifra en 5.857 euros.

El nuevo anexo aprobado hará posible que alrededor de 100 personas, según las estimaciones, sean atendidas por este servicio de teleasistencia de manera que puedan continuar viviendo en sus casas a pesar de su dependencia.