La plataforma Sentencia Tranvía ha dado un paso más en la batalla legal y administrativa que mantiene desde mediados de 2014 para intentar frenar la puesta en marcha de este nuevo medio de transporte en la Bahía que promueve la Junta de Andalucía. Ayer, el colectivo desveló que había denunciado la situación jurídica del proyecto ante la recién estrenada Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, entidad que se puso en marcha hace un año a raíz del trágico accidente del Alvia en Santiago pero que no ha tomado cuerpo funcional hasta su aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado 19 de diciembre.

Explican los componentes de la plataforma que esta demanda es una continuación de la ya presentada ante la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, que actualmente está en desarrollo. En ella se insiste en "la imposibilidad de articular homologaciones de materiales, personal, sistemas y subsiguientes autorizaciones para el uso de la Red Ferroviaria de Interés General para un tranvía sobre el que -reiteran- pesa una doble sentencia del TSJA que declara nulo el procedimiento, el proyecto y la obra".

Sentencia Tranvía apela a las competencias de la recién creada agencia, cuya máxima responsabilidad es la seguridad de la vía ferroviaria, de la que el tren-tranvía hará uso a lo largo de más de diez kilómetros. "Solo como ejemplo, resulta difícil entender que superamos los estándares de seguridad y prescripciones normativas en un proyecto que está ejecutado con medidas que, en este sentido y ámbito, están planteadas desde hace una década y que nada tienen que ver con las nuevas exigencias de las directivas europeas en la materia". A juicio de este colectivo, cualquier protocolo entre la Junta y Adif o cualquier plan operacional de Renfe con el tranvía sería inviable al vulnerar el ordenamiento jurídico y normativo vigente.