Celebrar en la vía pública actividades recreativas y espectáculos públicos podría implicar un coste añadido para los organizadores a partir de 2020.

La propuesta de ordenanzas fiscales aprobada inicialmente por el gobierno y actualmente en fase de exposición pública modifica la denominada tasa por la realización de actividades administrativas con motivo del inicio de actividad por prestadores de servicios y licencias de apertura en este sentido e incluye este tipo de actividades.

Y plantea una cuota de 300 euros si la superficie en la que se desarrolla dicha actividad es inferior a los 1.000 metros cuadrados, de 500 euros si oscila entre los 1.000 y los 2.500 metros cuadrados y de 950 euros si es superior a los 2.500 metros cuadrados.

Fue el portavoz de AxSí, Fran Romero, el que ha sacado a relucir esta nueva tasa que introduce la propuesta de ordenanzas fiscales promovida por el equipo de gobierno y que ha eclipsado la subida del 6% que se aplicará al IBI.

Según el edil andalucista, dicha tasa afecta a aquellas actividades que requieren de un trabajo de inspección previo por parte de técnicos municipales y de los servicios de Urbanismo, como pueda ser la supervisión del montaje de un escenario, iluminación...

Puede deducirse que se trata de una medida que afecta a iniciativas de índole privada. Pero la redacción del texto está lo suficientemente abierta para incluir a buena parte de las actividades que organizan asociaciones de vecinos, cofradías, peñas... De ahí las alegaciones que ha presentado AxSí. "Este nuevo hecho imponible pone trabas a iniciativas positivas para la promoción de la ciudad", advierte. "En absoluto favorece que se celebren eventos en nuestra ciudad, más bien todo lo contrario", apunta al señalar este nuevo coste que acarreará para estas iniciativas.

AxSí ha pedido que se retire dicha modificación. También que se incluya un nuevo párrafo para que se bonifique en un cien por cien esta tasa a entidades sin ánimo de lucro, entidades declaradas de utilidad pública, partidos políticos y sindicatos de forma que, aunque siga adelante su tramitación, quede claro que no va a afectar a estos colectivos.

Claro que ésta no es la única de las alegaciones que AxSí ha formulado a la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales de 2020. También ha insistido una vez más en la congelación de la cuota del IBI rechazando de lleno la subida del 6%.

Además, plantea que se amplíen al máximo legal permitido las bonificaciones que se contemplan en el caso de construcción y promoción inmobiliaria (hasta el 90%) para favorecer la reactivación del sector, de viviendas protegidas hasta diez años, de alquiler de vivienda con renta limitada (hasta el 95%) y por la utilización de energías renovables (que hace extensiva a otros usos y no solo a los residenciales). El gobierno de PSOE y Cs, aclara, no agota el máximo de bonificaciones que permite la ley. De ahí el sentido de sus alegaciones. 

Del mismo modo, AxSí San Fernando pide que se amplíen al máximo las bonificaciones que se recogen para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) al objeto de favorecer aquellos que disponen del distintivo ambiental; del Impuesto de Actividades Económicas, para favorecer el uso de energías renovables; y de las plusvalías, donde plantea rebajas fiscales de hasta el 95% cuando se trate de terrenos vinculados al desarrollo de actividad económica.

Las alegaciones, señala Romero, responde a "un modelo político, ético y social": vivienda, empleo y actividad económica y una apuesta real por las políticas sostenibles y por potenciar el uso de las energías renovables.