No solo se trata de una demora en el proceso. La transferencia del hospital militar de San Carlos a la Junta de Andalucía corre serio peligro de no llevarse a cabo, como ayer confirmaron a este periódico fuentes de la negociación. Las conversaciones entre ambas administraciones están bloqueadas desde hace semanas y la fecha límite inicialmente fijada en el protocolo de intenciones que se suscribió en el pasado mes de enero -el 1 de junio- se acerca sin que las partes consigan llegar a un acuerdo.

La voz de alarma que a principios de la semana dio el alcalde isleño, José Loaiza, tras reunirse en Madrid con la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, se corrobora: el proceso de transferencia al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de este centro sanitario militar emplazado en San Fernando se ha frenado.

La normalidad y diligencia de unas negociaciones que hasta hace poco eran tildadas de ejemplares por una y otra parte ha chocado con un obstáculo que impide cerrar un acuerdo para abordar la cesión definitiva del hospital. La Junta de Andalucía -aseguran estas fuentes implicadas en la negociación- no está de acuerdo con la cantidad que ha fijado el Ministerio de Defensa para proceder al traspaso del personal civil una vez cumplimentado el proceso de estatutarización: en torno a 300 trabajadores que, en virtud de lo estipulado en el protocolo, pasarán a integrarse en la red sanitaria andaluza. Defensa, como se ha hecho en otros procesos de transferencia, acompañará el traspaso de la plantilla a la Junta de Andalucía de sus correspondientes retribuciones, un total de 9.658.000 euros.

La Consejería de Salud, no obstante, no está conforme con esta cantidad y pide cerca de un 10% más, casi un millón de euros, para equipararse al modelo retributivo de la comunidad autónoma. Concretamente, para dar luz verde a la transferencia exige al Ministerio que aporte un total de 10.587.000 euros, lo que ha frenado en seco las negociaciones. Defensa no está dispuesta a dar su brazo a torcer, considera que no hay motivos ni argumentos legales que justifiquen este incremento del coste que demanda ahora el Gobierno andaluz y que no se ha dado con anterioridad en ninguno de los procesos de transferencia que se ha llevado a cabo.

Desde el PP -como advirtió el alcalde isleño a principios de semana- se sospecha de una estrategia política de la Junta, gobernada por PSOE e IU, con el propósito de dilatar las negociaciones y bloquear el proceso porque es incapaz de poner en marcha este hospital en La Isla. Defensa, sin embargo, prosigue con sus planes para dejar definitivamente el hospital de San Carlos y poner en marcha la clínica militar que se adecuará en el entorno para atender las necesidades militares de las dependencias existentes en el entorno de la Bahía.

Sin conocer estos detalles, la plataforma Los olvidados de San Carlos volvía a concentrarse en las puertas del hospital como cada miércoles desde hace ya varias semanas. Una de sus representantes, Silvia Bello, mostró su preocupación por el retraso que ya se estaba apuntando tendría la transferencia definitiva del hospital de San Carlos. "Ahora hacen unas manifestaciones en las que dicen que no se producirá el 1 de junio, porque la Junta pide otro tipo de acuerdo. Esto vuelve a retrasar el proceso, y sigue sin resolverse el problema con las empresas auxiliares. ¿Con qué intención hacen esas declaraciones ahora?", cuestionó.

La plataforma seguirá con sus movilizaciones porque los ciudadanos tienen que ser "conscientes de lo que pasa", y advierte de que buscarán otras formas de protesta para continuar su lucha, porque la situación que viven "no es justa". "Parece que están intentando callarnos, que quieren que nos vayamos a casa, pero no lo van a conseguir", dejó claro Bello, que lamentó que PP y PSOE se hayan adjudicado la consecución del hospital de San Carlos para la ciudad. "Como con las octavillas que repartieron, cuando además San Fernando no tiene un hospital de verdad, está vacío, con consultas en alguna planta y ya", apuntó. En esa línea se manifestó el primer secretario local del PA (sleño), Francisco José Romero, que criticó que hasta ahora no se haya dado información detallada sobre el traspaso. "Han pasado dos años y ¿dónde estamos? A Defensa le quemaba en las manos el hospital y el SAS, por la presión que había, dijo que lo asumía. Ahora lo utilizan como una herramienta electoral más", declaró. Esto llena de incertidumbre, lamentó, a los trabajadores.

Efectivamente, la situación no ayuda a despejar las incógnitas que afectan tanto a los trabajadores de las auxiliares como a la plantilla de San Carlos, más ahora con este escollo económico entre las partes negociadoras, Defensa y Junta. El presidente del comité del personal laboral de Defensa de la provincia, Alberto Pablos, recordaba que sigue sin salir la resolución del proceso de transferencia, ni se ha culminado la estatutarización del personal (sanitario), ni se ha publicado de manera oficial la lista con el personal civil que trabajará en la nueva clínica militar (aunque sí una extraoficial). De hecho, los representantes sindicales han denunciado en Madrid que no se está cumpliendo con los pasos legales en ese trasvase de profesionales a la clínica de reconocimientos médicos para militares. "No quieren admitir que es un cierre, pero entonces tendrían que ofrecer esas nuevas plazas y todas las vacantes que hay en los centros militares para los empleados civiles que no quieran irse a otra administración con la transferencia del hospital. Y si es un cierre, como es el caso, las plazas de la clínica tendrían que ofrecerse a todo el personal no sólo al de aquí", explicó.

El representante del movimiento vecinal, Antonio Romero, presidente de la federación Isla de León, reiteró que la ciudad luchará por tener su hospital, porque es su derecho, ya sea con nuevas movilizaciones "para dejar claro quién nos ha engañado en este asunto".