Podemos demanda al gobierno municipal que explique "la incomprensible tardanza en la construcción de la oficina que se prometió a los taxistas". El coordinador de la formación en San Fernando, Ernesto Díaz, se refiere a la promesa de habilitar un espacio en la plaza Rodríguez Arias, para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la centralita de este servicio de transporte público.

Inicialmente, detalla Díaz –que se ha reunido con un grupo de taxistas de la ciudad– la construcción, que también iba a permitir que el colectivo contar con un local propio, estaba valorada en 50.000 euros. Sin embargo, lamenta el líder de la formación morada, el coste se ha incrementado al plantear el equipo de gobierno la creación de dos plantas en lugar de una, "que no es más que una manera de encontrar una excusa para retrasar la creación de esta oficina, cuando una planta más no es necesaria".

Además de esta cuestión el colectivo de taxistas puso sobre la mesa otro asunto que también ha pedido al Ayuntamiento en varias ocasiones como es la renovación y unificación de los carteles informativos con el número de teléfono de la centralita y las tasas y precios fijados anualmente por la administración, "una inversión que no supone un gran gasto para las arcas municipales", señala Ernesto Díaz. Tampoco es un gasto "inasumible", ironiza, la colocación de marquesinas en las paradas de taxis.

Una inversión con miras al futuro, de la que se hace eco Podemos por las explicaciones del taxi, es la instalación de puntos de recargar de coches eléctricos en alguna de las paradas, "ya que solo existe uno en Bahía Sur que además no tiene potencia suficiente para cargar un coche". Esto hace, apunta Díaz, que las 67 licencias de taxis que hay en San Fernando "no puedan renovar sus vehículos para ofrecer un servicio sostenible con el medio ambiente".

Díaz asume todas estas demandas "para que puedan seguir dando el buen servicio que hacen hasta ahora, que además se ha casi duplicado en un año". Además, mostró su apoyo al colectivo ante las reivindicaciones del sector frente a las plataformas de VTC (Vehículo de Turismo con Conductor) como Uber y Cabify, "que han intentado liberalizar un sector que es un servicio público que funciona a través de la regulación administrativa de ayuntamientos y comunidades autónomas".