Podemos San Fernando reclama la inclusión de medidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda que anunció el PSOE con unas iniciativas ciudadanas "promovidas por una cincuentena de asociaciones y colectivos" a nivel estatal y apoyada en Cádiz por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El tema de al vivienda será debatido en el pleno de mañana jueves a través de una moción.

Ana Rojas, portavoz de la formación, ha declarado que esta petición tiene como objetivo "que el Estado garantice el acceso a la vivienda digna" mediante medidas legislativas que favorezcan la ampliación del parque público de vivienda y los alquileres sociales, medidas contra los abusos financieros e inmobiliarios o la regulación del precio de los alquileres.

Podemos explica que este asunto se amplía a San Fernando a través de una moción "porque siempre nos hemos preocupado mucho por el problema estructural que sufre nuestra ciudad en relación a la vivienda". De ahí que se incluye en el texto el desarrollo del Protocolo Municipal de Prevención de Desahucios aprobado en 2020. "Seguimos teniendo desalojos y desahucios en nuestra ciudad y necesitamos medidas que pueda mediar en cada uno de los casos que se puedan dar y buscar todas las alternativas y opciones posibles", defiende ante un problema social "que no cesa y que es urgente".

La propuesta insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero también pide que cesen los desahucios de personas que no tienen alternativa habitacional y que se garanticen los suministros básicos de energía –luz y gas-, agua y el acceso a las telecomunicaciones para evitar una brecha digital acrecentada por las restricciones durante la pandemia.

Rojas afirma que estas medidas solamente podrán llevarse a cabo si, además de la voluntad política, "se amplía el presupuesto" que apoyen cada una de las medidas, por eso esta iniciativa ciudadana también prevé la petición de que el 2% del presupuesto estatal vaya dirigido a garantizar este derecho. En España, actualmente, las viviendas sociales representan el 2,5% del parque total, lejos de las cifras que se ven en otros países europeos, donde la cifra alcanza el 30% como en Holanda, el 24% de Austria, el 17,6% de Reino Unido o el 16,8% de Francia, unas cifras que dan cuenta de la nula iniciativa de la administración por la defensa de este derecho fundamental.