Los isleños tienen que pagar la tasa consorcial, tienen que hacer frente a los recibos de cuatro ejercicios pendientes que coinciden con el primer mandato de Patricia Cavada: de 2016 a 2019. El gobierno municipal reconocía el lunes que ya "no hay marcha atrás" con el cobro de los recibos, que no hay más remedio que rascarse el bolsillo.

Y el PP de San Fernando le ha recriminado la "sarta de mentiras" que durante dos años ha estado soltando desde el ejecutivo cada vez que hablaba de la tasa por la transferencia, transporte y tratamiento de residuos. Tanto, ha recordado su portavoz y presidente local, José Loaiza, como para hacer creer a los ciudadanos que no iban a tener que pagar, que todo se iba a solucionar y que desde el Ayuntamiento se iba a frentar todo el proceso. Y todo -no es casualidad, insisten los populares- con unas elecciones municipales de por medio. 

Loaiza ha lamentado además el silencio con respecto a la tasa que mantienen colectivos como la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, la Asociación de Comerciantes (Acosafe) o la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), que son los tres colectivos de mayor peso social y más representativos de La Isla.  

"La pregunta era sencilla: ¿Hay que pagar la tasa o no? El pasado jueves se la hicimos en el pleno municipal y no nos contestaron", lamentan los populares. Apenas unos días más tarde, cuando ya es irremediable porque están llegando los recibos a los ciudadanos, remitieron un comunicado a los medios en los que se reconocía lo que el PP había advertido desde el principio "pero habían ocultado", ha afirmado Loaiza.

"Todo ha sido una mentira, un burdo engaño a la ciudadanía", ha insitido al exigir a la alcaldesa, Patricia Cavada, "que dé la cara y salga a dar explicaciones a los isleños". 

El PP no tiene duda alguna de que el gobierno siempre supo que había que pagar la tasa consorcial. Las reiteradas declaraciones en las que se anunciaba que iba a abandonar el consorcio creado para la gestión conjunta de los residuos o en las que se afirmaba desde el Ayuntamiento que se había pedido la paralización de todo el proceso para frenar el cobro de la tasa no ha sido más que una simple mascarada, un paripé de cara a la galería que ahora, inevitablemente, ha salido a la luz cuando han empezado a llegar los recibos. "Tenemos un gobierno que miente descaradamente al ciudadano", ha afirmado el dirigente popular.  

Loaiza ha tirado de hemeroteca para recordar las primeras declaraciones con las que el equipo de gobierno, a través del delegado de Presidencia y Desarrollo Económico, el socialista Conrado Rodríguez, insistía en las bondades de la tasa allá por 2018, cuando las primeras notificaciones empezarona  llegar a los domicilios de San Fernando. "Es razonable que haya una tasa directa, porque de esta forma el dinero va para pagar ese servicio y no se dedica a otras cuestiones. Esta es la defensa que hizo el concejal socialista, Conrado Rodríguez, del pago directo de la tasa por parte de los vecinos. Son declaraciones efectuadas a los medios de comunicación el 20 de noviembre de 2018", ha señalado. 

Pero lo más grave, para los populares, es la providencia dictada por la alcaldesa el 14 de marzo de 2019, dos meses antes de las elecciones, en la que afirmaba que el coste de la tasa consorcial se iba a descontar automáticamente del recibo de la basura, un formulario que se difundió desde el equipo de gobierno y al que el PP se ha referido directamente como "un deliberado engaño a la ciudadanía". "¿Qué pasa con esa providencia que se lanzó desde el Ayuntamiento? ¿Va a cumplirla?", pregunta Loaiza a la alcaldesa. 

El PP señala además que la anunciada marcha del consorcio "es otra mentira" puesto que es una decisión que precisa de un acuerdo del pleno, que es el órgano competente para ello y ésta todavía no se ha producido. Pero además señala que dicha medida, que Cavada según los populares intenta asociar al cobro de la tasa, "no es necesaria". "Hay otros municipios en el consorcio que no aplican la tasa, sino que pagan a través de un sistema de cuota, como hicimos nosotros (el PP) en el año 2015", dice Loaiza. 

El Ayuntamiento, de hecho, aprobó en el pasado mes de noviembre la supresión de la tasa en favor de este sistema de cuota, de manera que el Ayuntamiento es el que paga directamente al consorcio sin que repercuta en los ciudadanos. De hecho, dicho cambio ha sido además el argumento que ha utlizado el gobierno municipal para justificar la subida del 6% del IBI que se aplicará este año. Esta semana, no obstante, ha anunciado la "marcha definitiva" de dicho consorcio.