El PP exigió ayer la paralización de las nueve demandas de desahucio por impago de renta que la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) ha presentado recientemente en los Juzgados y que afectan exclusivamente a inquilinos del parque de viviendas con alquileres sociales que gestiona esta sociedad municipal.

La formación popular aseguró haber tenido conocimiento de estas demandas de desahucio promovidas desde Esisa a partir del testimonio de uno de los afectados, un matrimonio -afirmó el concejal Daniel Nieto- con dos hijos a su cargo que en cuestión de meses puede verse en la calle. En este caso, explicó el edil, el juicio se ha fijado para el próximo 9 de febrero, día en el que con toda probabilidad se pondrá fecha al lanzamiento. Según Nieto, estos inquilinos por los que ha conocido el el PP isleño los desahucios que planea Esisa han sido demandados "por algo menos de 650 euros".

Asegura la agrupación popular que los afectados han solicitado sin éxito una reunión con la concejala de Inclusión y Políticas Sociales para tratar su situación y que, por otro lado, han intentado negociar un plan de pago con la Empresa de Suelo Isleña para ponerse al día "que tampoco han logrado".

El PP, de esta forma, exigió la suspensión inmediata de los desahucios en marcha y reclamó al equipo de gobierno de Cavada y Romero "que den explicaciones urgentes" acerca de estos planes y que desde Servicios Sociales se atiendan a las familias que así lo han solicitado.

También subrayó la "contradicción" que supone esta medida adoptada por la empresa municipal con el compromiso que PSOE y PA -ambos socios de gobierno- adquirieron a principios del mandato. Nieto, concretamente, echó mano a ese listado para repasar el punto 72, que alude a los desahucios y en el que literalmente el gobierno municipal afirma que "pondremos los medios y recursos municipales precisos para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y para garantizar una alternativa habitacional".

Dicho compromiso que el gobierno municipal hizo público tras las elecciones municipales apelaba -recordó Nieto- a la firma de un convenio con el Juzgado para que se informara previamente a los Servicios Sociales de los lanzamientos previstos y de emprender una línea de colaboración con entidades financieras para paralizar los desahucios hasta encontrar alternativas habitacionales. Y todo eso, insistió el concejal del PP, ha quedado ahora en "papel mojado".