La compra de Janer está firmada. El gran paso -esperado durante una década- está dado y para que en estos 65.000 metros cuadrados de suelo pueda empezar a construirse el hotel, la zona comercial o la estación de autobuses que acompañará al desarrollo del parque empresarial previsto por Zona Franca sólo resta el trámite urbanístico correspondiente. Es cuestión de meses. O debe serlo -matiza el Gobierno municipal- si hay voluntad política por parte de la Junta de Andalucía. "A finales de este mismo año podía haber máquinas trabajando en la zona, podríamos estar actuando en el Janer", insistió ayer el alcalde, José Loaiza, al valorar la reciente firma del convenio entre Zona Franca y el Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento del Ministerio de Defensa.

A pesar de lo ajustado de los plazos -el plan especial, iniciado el mes de marzo, todavía está pendiente de cerrarse- el regidor isleño cree que es posible imprimir cierta agilidad al proceso administrativo. Si la Junta quiere, matiza. En la misma línea, el delegado general de Desarrollo de la Ciudad, el concejal popular Ángel Martínez, calculó que el trámite administrativo tardará entre tres y seis meses en solventarse, lo que hace perfectamente posible que a finales de año comiencen las obras del Janer. Hace falta -resaltó Loaiza- que la Junta de Andalucía, que es la que tiene que aprobar el plan especial, se implique en el proyecto, al ser un proyecto de marcado carácter económico que contribuirá a relanzar la actividad económica en la ciudad y favorecerá la creación de empleo. "Necesitamos que sea un Gobierno amigo y no enemigo", apuntó.

El plan especial, dijo el alcalde, está prácticamente terminado. En cuestión de días, de cerrar algunas cuestiones técnicas con Zona Franca. Prácticamente se dará por realizado. Su aprobación, una vez informado por los servicios municipales (técnico y jurídico) se llevará a cabo a través de un decreto de Alcaldía, que probablemente se dicte en abril. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el plan especial se someterá a información pública durante el plazo mínimo de un mes. Asimismo, explicó Ángel Martínez, habrá que solicitar informes preceptivos de todas las administraciones sectoriales afectadas. Serán cuatro: el Ministerio de Defensa -por razones de seguridad, dada la cercanía de instalaciones militares en Camposoto; la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, por afecciones por la proximidad del ámbito a la zona de dominio público marítimo-terrestre; la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, también por la afección a las servidumbres limitativas por proximidad con el dominio público e, igualmente, por lindar con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz; y, finalmente, La Delegación Territorial de Educación y Deportes, para que informe Cultura al encontrase dentro del ámbito los cimientos de antiguas baterías defensivas catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC).

Tras este trámite, la administración con competencias en la materia de urbanismo, en este caso la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, emitirá un informe preceptivo previo a la aprobación definitiva, que corresponde al Pleno de la Corporación Municipal. Dicho informe, según recordaron ayer desde el área de Desarrollo de la Ciudad, tiene de plazo para emitirse un mes a partir de la recepción del expediente completo.

Si durante el proceso se introducen modificaciones sustanciales habría que repetir el trámite de información pública, previa aprobación provisional por Decreto de Alcaldía, y volviendo a requerir además los informes sectoriales de las administraciones y un nuevo informe del delegado Territorial de Agricultura para proceder a su aprobación definitiva por Pleno.