La concejala no adscrita, Inmaculada C. López, ha lamentado que la moción que presentó al pasado pleno en la que pedía que Esisa (la empresa pública de suelo) se sometiera a una auditoría externa quedara desestimada. No la apoyaron, ironiza, ninguno de los partidos que han tenido relación en el pasado o en el presente con esta entidad, es decir PSOE, PP y PA.

"Una de las respuestas más rocambolescas que se han dado en el pleno y que debería ser enmarcada como ejemplo de lo que un político puede llegar a desvirtuar el sentido de la justicia fue la expresada por la actual presidenta del Consejo de Administración de la empresa, la concejala Claudia Márquez, que argumentó algo como: no hay que mirar al pasado sino al futuro", critica López, que se queja del doble rasero por el que se mide a Esisa. Por un lado, es pública, "solo para recibir créditos y lucir un nombre, para socializar sus posibles deudas". Por otro, "para lo que les interesa", matiza, funciona como una empresa privada aunque sin buscar el máximo rendimiento y beneficios sino "el mantenimiento de empleados y sueldos". Se conforma, insiste, con las aspiraciones de una modesta intermediaria de alquiler.

La edil que no forma parte de ningún grupo municipal de la Corporación defiende su petición de auditoría externa, ante la "opacidad" de sus cuentas y contratos, además de la falta de actividad con carácter social. "Lleva 10 años siendo auditada por la misma persona y hay informes del interventor que advierten de la precariedad de sus números", expone. Ante eso, cree que ha llegado el momento de conocer la situación exacta de Esisa, que denomina de nuevo "empresa privada de capital público", ante el futuro. "Si llegase a quebrar algún día traspasaría sus deudas, de más de 10 millones de euros, a las arcas públicas, es decir al bolsillo de todos los isleños", deja claro.