En 2009 la crítica situación de los Juzgados isleños llevó al Colegio de Abogados a convocar una insólita concentración a las puertas de la sede judicial –entonces en la plaza de San José– para denunciar la precariedad de las instalaciones y demandar la creación del cuarto juzgado dada la carga de trabajo que soportaban los tres existentes. Lo primero se consiguió en 2016 al trasladarse a unas nuevas dependencias en la calle Real. La segunda de estas reivindicaciones, no obstante, sigue sin ser atendida diez años después.

Sindicatos –UGT-Justicia, especialmente– funcionarios y profesionales de la justicia, instituciones y partidos políticos han reclamado por activa y por pasiva desde hace años la necesidad de dotar a SanFernando de un juzgado más.

El último de ellos –el tercero– se creó en 1984, hace 35 años. Y, entretanto, el volumen de trabajo no ha dejado de aumentar dando como resultado una sobrecarga de los órganos existentes y, lógicamente, una mayor lentitud en los trámites. Cualquier demanda que se tramite en La Isla irá necesariamente más lenta al repartirse el volumen de trabajo entre tres juzgados en lugar de hacerlo entre cuatro, como se pretende. De ahí que se haya hablado en más de una ocasión de una situación de agravio comparativo que afecta directamente a los ciudadanos de San Fernando, donde la Justicia es mucho más lenta que en otras partes, incluso que en las localidades vecinas que distan a tan solo unos pocos kilómetros.

Es lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llama la carga referencial de trabajo, la media de asuntos a tramitar por juzgado en condiciones normales que se mide y tiene en cuenta para garantizar cierto equilibrio y para trasladar al Ministerio de Justicia las zonas en las que es necesario crear nuevas unidades.

Una demanda en San Fernando tarda más tiempo en tramitarse que en ciudades vecinas

Y La Isla, sistemáticamente, supera dicha carga referencial un año tras otro sin variación alguna. La memoria anual del TSJA, que se ha hecho pública esta semana, ha vuelto a ponerlo de manifiesto al hacer balance de los datos registrados en 2018. Incluso vuelve a plantear en sus conclusiones –también por enésima vez– la necesidad de contar con un cuarto juzgado en San Fernando.

Nadie sabe, en realidad, por qué no se ha llegado a crear este cuarto juzgado de primera instancia e instrucción que necesita la localidad y que, de hecho, lleva años entre las prioridades judiciales. Las primeras demandas en este sentido se remontan hasta dos décadas atrás en el tiempo. Y, de hecho, cuando el Colegio de Abogados promovió aquella concentración hace una década –que luego se repitió en 2011– hacía años que se reivindicaba el tema, que ha pasado a considerarse una más de la larga lista de demandas históricas que acumula el municipio.

A instancias del Colegio de Abogados, en 2009 y 2011 se organizaron concentraciones para exigir el cuarto juzgado para San Fernando.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado día 12 aprobó dos Reales Decretos para promover la creación de 17 nuevas unidades judiciales en Andalucía a lo largo de este año. Entre ellas, la creación del sexto juzgado para Chiclana y también de uno más de primera instancia para Cádiz. La Isla, una vez más, se quedaba fuera sin más explicaciones.

Y casi a la vez se conocían el informe del TSJA, que insistía de nuevo en la saturación de La Isla. La memoria relativa a 2018 contabiliza hasta 4.458 asuntos civiles; 1.086 en ejecución y 144 relativos a la jurisdicción voluntaria.

Eso supone una media de ingresos por órgano judicial que asciende a 1.486 asuntos. Chiclana, por ejemplo, se anota 1.029 y El Puerto 1.066. Esta cifra, además, ha subido notoriamente con respecto al dato registrado en la memoria anterior –la de 2017– en la que se contabilizaban 998 ingresos por cada uno de los tres juzgados que existen en San Fernando.

En cuanto a los asuntos penales, a lo largo de 2018 se contabilizaron un total de 3.803, lo que supone una media de 1.268 por cada uno de los tres juzgados existentes. En Chiclana, por seguir con la comparación de las localidades más próximas, la media es de 964 y en El Puerto de 1.137. Y eso que, en este ejercicio, el número de asuntos penales ha descendido (en 2017 fue de 4.004).