San Fernando

Los Juzgados investigan cómo pudo acabar la documentación en la basura

  • Tanto la Delegación de Gobierno andaluz como el funcionariado recuerdan los estrictos protocolos de destrucción de archivos existentes

Cuando un juzgado decide eliminar documentos sus funcionarios deben regirse por un protocolo minucioso y estricto que denominan "de expurgo". Por eso la sorpresa y el malestar resultaron ayer evidentes al conocer la aparición, arrojada a la basura, de documentación con datos personales perfectamente legibles. Ante esta situación se ha procedido a la apertura de una investigación, que ayer mismo tenía absorbidos a los Juzgados isleños, en la jornada en que se iniciaba el traslado a la nueva sede de Real 229, donde ya hoy se ubicará el Juzgado de Guardia.

La primera en reaccionar fue la Junta de Andalucía que emitió un comunicado en el que dejaba claro que "no tiene entre sus responsabilidades la guardia y custodia o el movimiento de los expendientes o documentación en el proceso de traslado", específicamente en el caso de San Fernando. Tampoco se ha encargado de eliminar documentos porque no ha habido petición oficial.

En declaraciones a este periódico, el coordinador provincial de los secretarios judiciales, Pedro Campoy, añadía a esta cuestión que ninguno de los tres letrados de la Administración de Justicia que trabajan en La Isla había emitido la orden a otros funcionarios de eliminar archivos. "Ninguno ha dado la instrucción de destruir documentos y menos de tirarlos a la basura", comentaba este representante que dudaba que cualquier funcionario hubiera procedido de este modo porque el protocolo para este tipo de actuación es claro y conocido por todos.

Según la nota remitida por la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, la eliminación de expediente judiciales antiguos se produce por decisión de la Junta de Expurgo, creada por el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Primero, este órgano analiza los archivos para saber qué puede eleminarse y qué conservarse, para incluso en este último caso transferirlos a la administración competente en materia de patrimonio histórico. De lo contrario es una empresa especializada la que se encarga de eliminarlos. Concretamente el papel debe quedar reducido a trozos de 3x4 milímetros.

Evidentemente, la documentación que se agolpaba a los pies del buzón de entrada del contenedor de papel soterrado de la calle Tomás del Valle no había recibido este tratamiento. Durante la noche la Policía Local procedió a retirar todo el material, entre los que había también libros de temática judicial. En los papeles, desperdigados fuera de las grandes bolsas de basura, algunos rotos por la mitad y otros completos se podían leer perfectamente nombres y apellidos, números de documentos de identidad, teléfonos, direcciones, infracciones o delitos. La juez decana de San Fernando solicitó más tarde que fueran llevado a las instalaciones judiciales para conocer qué expedientes eran y de qué Juzgados provenían. "No tenemos información de qué tipo de documentos se trata", reconocía el coordinador de los secretarios judiciales en la provincia que esperaba a saber los resultados de la investigación que los Juzgados habían abierto, y que la Junta de Andalucía había solicitado "ante estos hechos graves en los que se han vulnerado los derechos de las personas". "Existe una obligación importante de custodiar este tipo de documentos y llegado el caso, y si no se toman las medidas necesarias, la misma Delegación del Gobierno presentará la denuncia correspondiente", advertía.

Desde el PP local se cuestionaba la actuación de la Junta. El concejal Daniel Nieto tachaba de "chapuza" el traslado y pedía explicaciones al delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil.

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