El lamentable estado de las dependencias judiciales de la plaza de San José ha motivado desde hace años que los profesionales del sector demanden unas nuevas instalaciones donde desempeñar su labor. El deterioro no era su único argumento, pues a eso se añadía la falta de espacios para desarrollar la actividad de manera adecuada en un ámbito en el que el trabajo ha ido aumentando, tanto en la vía penal como en la civil, con un número de casos por órgano judicial que sobrepasaba las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los planes eran construir una nueva sede, un palacio de Justicia en la zona de Constitución, pero hubo continuos retrasos en la puesta en marcha de los trámites y la actual situación económica hace inviable ahora dar este paso. Por eso, la Junta de Andalucía busca una solución alternativa: esto es, trasladar los Juzgados a otro emplazamiento, que cuente con las condiciones adecuadas. Desde la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz se trabaja para encontrar la mejor opción, que pasa además por solicitar la colaboración del Ayuntamiento isleño. Y lo ha hecho a través de una carta remitida por el delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, a la Administración local.

"Queremos saber si el Ayuntamiento cuenta con un espacio, que podamos alquilar, para ubicar allí los Juzgados", apunta el dirigente socialista. Concretamente, se refiere a la posibilidad de que lo tenga la Empresa de Suelo Isleña (Esisa). De cualquier manera, desde la Delegación de Gobierno andaluz se solicita al equipo de gobierno municipal su implicación en esta medida para mejorar las instalaciones judiciales.

Además de los metros cuadrados necesarios para el desarrollo normal de la actividad judicial, el Gobierno andaluz también considera esencial que esté situado en el centro de San Fernando, no muy alejado del edificio de la plaza de San José. "En Constitución sí hay sitio, pero creemos que debe estar en el centro, y no tan lejos de la ubicación actual", comenta López Gil.

Por el momento, se han mirado locales comerciales que pudieran valer y se insiste en la idoneidad del edificio de Telefónica, empresa con la se mantienen ya contactos. La Junta entiende que serán necesarias ciertas reformas en el establecimiento que alquile, que pueda realizar el propietario y que repercuta en el coste del arrendamiento.

Esta medida de buscar un nuevo espacio para los Juzgados isleños forma parte de las acciones realizadas en la provincia para optimizar la situación de este tipo de dependencias. Desde la Delegación de Gobierno de la Junta se viene trabajando en los últimos meses para mejorar las condiciones de los alquileres existentes, de tal manera que la renegociación de los contratos ha permitido contar con una cantidad suficienta para apostar por cambios tanto en San Fernando como en La Línea. En el caso del municipio linense, la búsqueda de un nuevo espacio está más avanzada que en La Isla, reconoce el delegado del Gobierno andaluz.

Esta postura responde al mal estado de conservación de los Juzgados de San José, que hace patente desde hace tiempo la necesidad de contar con unas nuevas dependencias. De hecho, hace unos años ya se planteó la posibilidad de instalarlas de manera provisional en otro espacio. A finales de 2008 el PSOE municipal, cuando Fernando López Gil era portavoz de la formación en la ciudad, ofrecía alternativas, como los antiguos locales del supermercado Supersol de Reyes Católicos o el edificio de Telefónica, que ahora vuelve a ser una opción plausible. Entendían los socialistas las quejas constantes de los colectivos afectados por esta situación, ya fueran funcionarios, profesionales o los propios ciudadanos usuarios de la Justicia. La falta de espacio se reflejaba en cómo se apilaban los archivos en los pasillos, ocupando los bancos de la primera planta, ponían como ejemplo. O la falta de una sala para la estancia de las víctimas, que debían compartir espera en el mismo espacio que el acusado. La falta de consignación presupuestaria suficiente fue la razón esgrimida por la Administración regional entonces, en 2009, para descartar un traslado provisional.