Izquierda Unida (IU) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Cádiz considera necesaria la articulación de herramientas complementarias al Plan Muncipal de Vivienda y Suelo que va a redactar la Empresa Municipal de Suelo (Esisa). Así lo ha expuesto en las alegaciones y propuestas que ha presentado para la elaboraación del documento. El Plan debe hacer hincapié "en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales, priorizando dos ejes: fomento del alquiler y rehabilitación con especial atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual". Son consideraciones que ya recoge el preámbulo del Plan Estatal 2018-2020.

"Ante las nulas oportunidades que hoy día tienen las familias isleñas para acceder a una vivienda de protección oficial adecuada a una precaria situación económica", la formación y el colectivo proponen que Esisa plantea la creación de una mesa de trabajo para desarrollar herramientas complementarias al Plan Municipal de Vivienda y Suelo que se centren en la atención y seguimiento de las familias que, por circunstancias sobrevenidas, no pueden hacer frente al pago de alquileres o hipotecas, "teniendo como fin que no pierdan su hogar y garantizar el derecho a la vivienda".

En este sentido, tanto IU como la PAH PAH vinculan el Plan a la necesidad de dar soluciones para luchar contra los desahucios, reconsiderar el bono social eléctrico y evitar los cortes de agua. "Sin ellos no existe dignidad en nuestra sociedad", defienden. Para ello resulta importante el Observatorio de la Vivienda, una oficina única para la vivienda, la unificación de baremos, dar cumplimiento al protocolo antidesahucios -que han entregado en dos ocasiones a los servicios sociales del Ayuntamiento- y la mesa contra el desahucios que se aprobó por el pleno a propuesta de Sí Se Puede.

"Creemos que el estudio del que se parte para elaborar el plan es escaso y limitado, pues no incluye espacios tan importantes como son los barrios", apunta. A eso se suma que no se haya realizado un "estudio social de la vivienda", algo que achacan al ámbito político que "no hace ningún esfuerzo por conocer la realidad social de nuestro entorno". "Sin poner en duda el esfuerzo de los técnicos, no vemos que el estudio realizado recoja soluciones para el problema de conseguir una vivienda en nuestra ciudad, para jóvenes y desempleados", apuntan.