La aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, las tasas e impuestos municipales que los isleños tendrán afrontar a partir del 1 de enero de 2019, no irán al próximo pleno ordinario para iniciar su tramitación.

El gobierno municipal ha adelantado y confirmado que no habrá subida del Impuesto de Bienes Inmuebles –el IBI– que es, en definitiva, el que más impacto tiene en el bolsillo del ciudadano medio. Por ahí los isleños pueden respirar tranquilos, aunque una subida en pleno año electoral era algo que prácticamente se daba por descartado.

Esta decisión zanja también el debate político en torno a las ordenanzas fiscales, al menos en lo que al IBI –que acapara el mayor porcentaje de lo que recauda el Ayuntamiento– se refiere. Aún así, el equipo de gobierno retrasará su aprobación inicial en el pleno y apurará los plazos a la espera de los criterios que marque la Ley de Presupuestos Generales del Estado para hacer lo que tiene que hacer con el fin de evitar la subida del IBI: recortar nuevamente –tal y como ha hecho todos los años del mandato– el tipo impositivo para compensar así la subida de los valores catastrales que se aplicará para el próximo año.

De hecho, la propuesta de ordenanzas fiscales debería haberse debatido ya esta semana en la comisión informativa previa al pleno ordinario y no ha sido así.

En el Ayuntamiento se sabe porque así se lo ha confirmado la Dirección General del Castastro que dicha subida será de un tres por ciento, por lo que habría que rebajar el tipo impositivo en la misma proporción para mantener congelado el IBI.

Los cálculos están hechos y la propuesta de ordenanzas fiscales está prácticamente redactada y el expediente listo para iniciar su tramitación, según explicaba ayer a este periódico el concejal de Gestión Presupuestaria y Tributario, el socialista Conrado Rodríguez. Solo falta que los Presupuestos Generales del Estado confirmen dicho incremento de los valores catastrales para actuar. Sin que el gobierno central no dé este paso, el Ayuntamiento no se atreve todavía a emprender la tramitación. Y ahí está el dilema: si se rebaja el tipo y los presupuestos no confirman la subida se bajaría el IBI un tres por ciento, lo que también supondría un déficit de los ingresos previstos por el Ayuntamiento. Pero si se no se nivela el tipo impositivo ocurriría justo lo contrario: el IBI subiría un tres por ciento, lo que podría tener catastróficas consecuencias en pleno año electoral.

De ahí que se haya optado por esperar hasta tener unos criterios más claros por parte del gobierno central, aunque lo cierto es que los plazos –para que las ordenanzas entren en vigor el próximo 1 de enero– son bastante apurados, como reconoce el propio Conrado Rodríguez. "No hay mucho margen para tomar una decisión al respecto", explica ya que, a la aprobación inicial tiene necesariamente que seguir el plazo de exposición pública y presentación de alegaciones de la propuesta antes de proceder a la aprobación definitiva y a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Así que el planteamiento del equipo de gobierno pasa por convocar un pleno extraordinario a principios de noviembre. Otra opción, algo que ya ocurrió hace dos años, es que desde el gobierno central se diera una prórroga para que estas ordenanzas fiscales entren en vigor, lo que permitiría afrontar el debate y la tramitación de la propuesta con una mayor tranquilidad.