El procedimiento de reintegro por alcance que ha abierto el Tribunal de Cuentas por no cobrar el canon del club náutico de La Casería –que señala como presuntos responsables a la alcaldesa, Patricia Cavada, así como su a predecesor en el cargo, José Loaiza, y a sus respectivos concejales de Urbanismo, Claudia Márquez y Ángel Martínez; que podrían llegar a tener que responder con cantidades que van desde los 100.000 a los 20.000 euros– añade un nuevo capítulo a la complicada y a veces hasta surrealista historia de estas instalaciones deportivas que se empezaron a construir en 2006, a escasos metros de las controvertidas torres de pisos y en un entorno con unas privilegiadas vistas a la Bahía.

El proyecto, ya en sus inicios, tuvo que lidiar con retrasos en los plazos, fallos incomprensibles en la redacción del proyecto y deficiencias en la ejecución de la obra de manera que hasta 2012 no se llegó a formalizar su ocupación por parte de la asociación de pescadores deportivos.

Pero lo peor estaba todavía por venir: el fango. La sedimentación de lodos en ingentes cantidades –especialmente señalada en el lugar escogido para levantar el club náutico– pronto se hizo notar para cuestionar la idoneidad de una inversión que superaba los 1,6 millones de euros. Desde el club enseguida se lanzó la voz de alarma y se reclamaron soluciones. Y la obra del náutico de La Casería pasó a ser calificada de auténtica chapuza.

El fango, poco a poco se apoderaba de amarres y pantalanes dejando en evidencia la obra. En 2014 dieron ya la voz de alarma ante lo que estaba ocurriendo en un club recién estrenado. Y dos años después emprendieron protestas para exigir al Ayuntamiento una solución, algunas incluso se llevaron a cabo metidos en el fango que rodea los pantalanes para poner de manifiesto la situación del club, abocado a desaparecer en unos años –eso aseguran– si no se interviene para solventar el problema de la sedimentación.

Para solventar esta actuación, desde el Ayuntamiento isleño se reservó en los presupuestos municipales de 2018 una partida de 200.000 euros para llevar a cabo el dragado de la zona. La operación planteaba intervenir en una extensión de cerca de 10.000 metros cuadrados con profundidad variable hasta un máximo de dos metros. El volumen de lodos a retirar se calculaba que superaría los 19.000 metros cúbicos.

En agosto de 2018, Costas dio luz verde a la operación. Pero dicho dragado todavía no se ha acometido. Lo del canon tampoco ha pillado de sorpresa. En varias ocasiones, el interventor lo había advertido en sus informes de fiscalización. En 2019 advertía ya que dicha anomalía de ingresos ascendía a 145.203,16 euros. Eso sí, nadie pensaba que el asunto pudiera terminar en manos del Tribunal de Cuentas y con los alcaldes y los concejales de Urbanismo señalados como presuntos responsables contables.

Otro capítulo más para la azarosa historia del náutico de La Casería.