La demanda que el Ayuntamiento ha presentado en el Tribunal de Cuentas a raíz del robo millonario de la caja, más allá de su propósito final -que no es otro que concretar las responsabilidades (directas y subsidiarias) en un procedimiento contable de reintegro por alcance- constituye una suerte de explicación oficial sobre lo ocurrido en las oficinas de Hacienda.

Es la primera vez que el Ayuntamiento -hasta ahora, encerrado en una postura defensiva, en gran medida motivada por las duras consecuencias políticas que el robo ha tenido para el equipo de gobierno anterior- hila un relato de lo que considera que sucedió entre 2002 y 2009 en la caja municipal.

El informe, elaborado por los servicios jurídicos de la Diputación, destaca por el rigor con el que resume los hechos a la luz del tiempo transcurrido y, sin duda, de la ingente documentación de la que se ha servido: informe de fiscalización y acta de liquidación provisional de la Cámara de Cuentas de Andalucía, informes internos de Tesorería y Hacienda, investigaciones policiales llevadas a cabo, diligencias previas seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos San Fernando, informes del economista forense...

Quizá por ello no debería sorprender que el Ayuntamiento -en la versión del desfalco que sintetiza en la demanda- se atreva a romper sin tapujos con argumentos repetidos hasta la saciedad y advierta de la existencia de irregularidades en las actas de arqueo, una de las claves sobre las que se sustentan los hechos expuestos: se hacía constar información sobre valores y existencias en metálico depositadas en entidades financieras que no tenía que figurar en las actas y pasaban desapercibida las elevadas diferencias entre el saldo real y el contable.

La franqueza con la que se reconocen estas irregularides en la demanda contrasta con la férrea defensa de la gestión del área de la que hacía gala el Ayuntamiento durante el mandato anterior. Tanto que incluso se gastó 60.000 euros para contratar a un profesional de prestigio con el propósito de que elaborara un informe que rebatiera los argumentos de la Cámara de Cuentas que ahora, paradójicamente, se dan por válidos.

Pero lo de los arqueos -una cuestión que, curiosamente, el PSOE denunció desde el primer momento- no es el único de los argumentos refutados en la demanda presentada por el Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas. Hay más.

Por ejemplo, ¿quién descubrió el robo de la caja a finales de marzo de 2009? La demanda municipal reconoce abiertamente que fue un equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía el que, durante el primer trimestre de 2009, en el curso de la verificación de los trabajos de campo para emitir un informe relativo al ejercicio de 2007, "detectó un importe muy elevado de los saldos inicial y final de la caja municipal en ese ejercicio".

Lo que durante años había pasado desapercibido para los responsables municipales, llamó de un tirón la atención de los técnicos de la Cámara de Cuentas, que calificaron dicha diferencia de saldo como "un indicio de posible menoscabo en los fondos publicos del Ayuntamiento". Fue el detonante que desencadenó que finalmente saliera la luz la desaparición de casi ocho millones de euros. Lo curioso es que, hasta ahora, el Ayuntamiento había negado con insistencia y rotundidad que fuera la Cámara de Cuentas la que hubiera descubierto el desfalco. Siempre había atribuido dicho mérito a los responsables municipales. Este argumento, no obstante, es desmentido en la demanda.